En un contexto de tensión política, donde el Gobierno de Javier Milei evalúa vetar el aumento y bono para jubilados aprobado por el Senado, las jubilaciones de privilegio para expresidentes, exvicepresidentes y sus familiares siguen generando polémica.
En julio de 2025, el Estado destinó más de $97 millones para pagar 11 beneficios especiales, equivalentes a 256 jubilaciones mínimas. Este contraste reaviva el debate sobre la equidad de los regímenes previsionales en Argentina.
¿Qué son las jubilaciones de privilegio?
Las jubilaciones de privilegio son asignaciones vitalicias otorgadas a expresidentes, exvicepresidentes, y en algunos casos, a sus viudas o hijos. Estas pensiones, reguladas por la Ley 24.018 sancionada en 1991 durante el gobierno de Carlos Menem, están atadas a los sueldos de los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Los expresidentes perciben el equivalente al 100% del salario de un juez del máximo tribunal, mientras que los exvicepresidentes reciben el 75% de ese monto. Las viudas o hijos discapacitados o solteros menores también tienen derecho al 75% del haber correspondiente.
Este sistema, que beneficia a un grupo reducido de exfuncionarios y sus familias, contrasta con las dificultades que enfrentan millones de jubilados para llegar a fin de mes. En julio, los montos pagados por estas jubilaciones VIP alcanzaron cifras millonarias, generando críticas en un contexto de ajuste económico.
Los montos de las jubilaciones de privilegio en julio 2025
A continuación, detallamos los haberes cobrados por los beneficiarios de estas asignaciones en julio de 2025, según datos oficiales:
- Mauricio Macri (expresidente): $11.967.924,62
- Adolfo Rodríguez Saá (expresidente por 7 días): $11.168.964,74
- Bety Nelly Andrés (viuda de Roberto Levingston, presidente de facto 1970-1971): $10.842.826,76
- Zulema Yoma (viuda de Carlos Menem): $9.856.275,44
- María Gabriela Michetti (exvicepresidenta de Macri): $8.851.046,90
- Julio Cobos (exvicepresidente de Cristina Kirchner): $8.537.416,47
- Inés Pertiné (viuda de Fernando de la Rúa): $8.422.432,11
- María Estela Martínez Cartas (Isabel Perón, viuda de Juan Domingo Perón): $7.236.216,80
- Amalia Carmen Guido (hija de José María Guido): $6.942.083,02
- Alberto Fernández (expresidente): $6.901.286,00
- Daniel Scioli (exvicepresidente de Néstor Kirchner): $6.135.492,11
Estos montos reflejan el privilegio de un sistema que beneficia a exfuncionarios y sus familias, incluso en casos controversiales como el de Adolfo Rodríguez Saá, quien ocupó la presidencia por apenas una semana, o Amalia Carmen Guido, hija de un expresidente de facto cuyo mandato no tuvo legitimidad constitucional.
Un debate que no cesa
La difusión de estas cifras llega en un momento de alta sensibilidad social. Mientras el Gobierno analiza vetar un aumento para las jubilaciones mínimas, que afectan a millones de adultos mayores, las jubilaciones de privilegio representan un gasto significativo para el Estado. En total, los $97 millones desembolsados en julio equivalen a 256 jubilaciones mínimas, lo que pone en evidencia las profundas desigualdades del sistema previsional argentino.
El caso de las jubilaciones VIP no es nuevo, pero sigue generando indignación. La Ley 24.018, que lleva más de tres décadas en vigencia, ha sido cuestionada en reiteradas ocasiones por legisladores y ciudadanos que consideran que estos beneficios son desproporcionados y poco éticos en un país con altos niveles de pobreza.
Casos que generan controversia
Entre los beneficiarios, algunos casos destacan por su impacto en la opinión pública:
- Adolfo Rodríguez Saá: Su breve presidencia de siete días en 2001 le otorga una jubilación millonaria, lo que muchos consideran injustificado.
- Amalia Carmen Guido: Hija de José María Guido, un presidente de facto sin legitimidad constitucional, recibe un haber vitalicio que supera los $6,9 millones mensuales.
- Bety Nelly Andrés: Viuda de Roberto Levingston, un presidente de facto de la dictadura, percibe más de $10,8 millones por mes.
Estos ejemplos alimentan el debate sobre la necesidad de reformar el sistema de jubilaciones de privilegio. Mientras tanto, el contraste con las jubilaciones mínimas, que apenas alcanzan para cubrir necesidades básicas, pone en jaque la legitimidad de estos beneficios.
¿Es posible derogar la Ley 24.018?
La discusión sobre las jubilaciones de privilegio no es solo económica, sino también política y ética. En los últimos años, han surgido propuestas para derogar o modificar la Ley 24.018, pero ninguna ha prosperado. La resistencia de sectores políticos y la complejidad de reformar un sistema arraigado en la normativa argentina han impedido avances significativos.
En un contexto de ajuste fiscal, donde el Gobierno busca reducir el gasto público, las jubilaciones de privilegio aparecen como un símbolo de desigualdad. Sin embargo, cualquier intento de eliminarlas enfrentaría obstáculos legales y políticos, dado que los beneficiarios cuentan con derechos adquiridos protegidos por la ley.
El impacto en la opinión pública
La difusión de los montos de las jubilaciones VIP ha generado un fuerte impacto en redes sociales y medios de comunicación. En un país donde la inflación y la pobreza afectan a gran parte de la población, las cifras millonarias destinadas a exfuncionarios y sus familias son vistas como un privilegio injusto. En X, por ejemplo, usuarios han expresado su indignación con hashtags como #JubilacionesVIP y #Desigualdad, mientras que en Instagram y Facebook circulan memes y publicaciones que critican la situación.
El debate también se traslada al Congreso, donde algunos legisladores han propuesto revisar el sistema de jubilaciones de privilegio. Sin embargo, la polarización política y la falta de consenso dificultan cualquier cambio en el corto plazo.
