En un fallo de alcance nacional, el Juzgado Federal Nº 2 de Catamarca resolvió que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) deberá restablecer, en un plazo máximo de 24 horas, todas las pensiones no contributivas por invalidez laboral que fueron suspendidas, y abonar los haberes retenidos a sus titulares.
La decisión judicial también establece que, hasta que se dicte una sentencia definitiva, la ANDIS deberá abstenerse de continuar con las auditorías o disponer nuevas suspensiones de pensiones.
Recordemos que a principios de octubre, el gobierno había anunciado la restitución de las pensiones por discapacidad en Formosa, tras otro fallo judicial adverso.
El pronunciamiento surge en el marco de diversas causas acumuladas ante el tribunal catamarqueño, impulsadas por la Asociación Azul, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y personas afectadas, con el acompañamiento de la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata.
El fallo reconoce el carácter colectivo del reclamo, al considerar que las suspensiones afectaron de manera uniforme a miles de personas en todo el territorio nacional. Por ello, la resolución extiende su alcance a todos los titulares de pensiones perjudicados, sin requerir presentaciones individuales.
El tribunal designó como representantes del colectivo actor a la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (A.P.Y.Fa.Di.M.) y a la Asociación Azul, destacando su trayectoria en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
Según la sentencia, esta representación busca garantizar “la apropiada y responsable defensa de los derechos e intereses en juego en este proceso, a la luz de la expansión de la cosa juzgada”.
Con esta medida, el Juzgado Federal Nº 2 de Catamarca busca asegurar el inmediato restablecimiento de los ingresos esenciales de miles de personas con discapacidad, quienes habían quedado sin sustento económico tras la suspensión de sus pensiones. La decisión se interpreta como un paso clave para resguardar el derecho a una vida digna y la protección social de los sectores más vulnerables.
En paralelo, el gobierno anunció que las pensiones por discapacidad aumentarán 5%, aunque todavía no hay fecha de su implementación
