El Gobierno actualizó el marco regulatorio que rige a los colegios privados sin aportes estatales, con el objetivo de evitar aumentos desmedidos en las cuotas y acompañar la evolución real de la economía. La decisión implica la derogación del Decreto Nº 2417/1993, una norma que obligaba a las instituciones a definir y comunicar antes de noviembre de cada año el valor de la matrícula y de todas las cuotas del ciclo lectivo siguiente.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la eliminación de la medida que regulaba los aumentos en las cuotas de los colegios privados sin aportes estatales. Según explicó, el esquema derogado “generaba subas sobredimensionadas que luego debían mantenerse durante todo el año”.
A través de la red social X, el funcionario anunció la derogación del Decreto 2417/1993, que será reemplazado por el Decreto 787/24, firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, la de Capital Humano, Sandra Pettovello y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. “Chau a los saltos exhorbitantes en marzo”, escribió Sturzenegger, y destacó que la nueva normativa “actualiza el marco regulatorio de la educación pública de gestión privada sin aportes estatales”.
El ministro sostuvo que el esquema anterior obligaba a los colegios a fijar con meses de anticipación las matrículas y cuotas del ciclo siguiente, lo que derivaba en incrementos excesivos al inicio del año escolar. “Era un sistema parecido a una ley de alquileres”, señaló, y consideró que su eliminación permitirá un funcionamiento más flexible y acorde a los costos reales.
CHAU A LOS SALTOS EXHORBITANTES EN LAS CUOTAS DE COLEGIOS PRIVADOS EN MARZO. El Decreto 787/24 con las firmas del Presidente @JMilei, @madorni, @SPettovelloOK y @LuisCaputoAR actualiza el marco regulatorio de la educación pública de gestión privada sin aportes estatales (6% del… pic.twitter.com/nJSIE07s69
— Fede Sturzenegger (@fedesturze) November 11, 2025
Cómo funciona el nuevo sistema para colegios privados
Con la derogación del decreto, los colegios pueden definir y actualizar sus aranceles de manera gradual, en función de sus costos reales y dentro de un esquema transparente. El Gobierno sostiene que esto permite “estabilizar el gasto” de los hogares y evitar saltos bruscos en la facturación.
La medida alcanza a las escuelas privadas sin aportes estatales, que representan alrededor del 6% de los establecimientos educativos del país: unas 2.000 instituciones distribuidas en todas las provincias.
La actualización alinea el funcionamiento de estas escuelas con el régimen federal que ya rige para universidades e institutos educativos privados, donde no existen restricciones como las del decreto de 1993. Según la resolución oficial, este cambio “favorece un entorno más propicio para la gestión de los establecimientos educativos de gestión privada, garantizando la sostenibilidad de su labor y el derecho a una educación de calidad”.
La norma también instruye a la Secretaría de Educación a revisar y actualizar el Decreto Nº 2542/1991 para consolidar un esquema más claro y ajustado a la realidad económica actual. El Gobierno argumentó que esta nueva modalidad fortalece la competencia, equilibra la relación entre costos y aranceles y evita que las familias enfrenten cargas preventivas producto de la incertidumbre macroeconómica.
