Un respiro judicial para la Argentina en medio del multimillonario juicio por la expropiación de YPF: la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió frenar provisoriamente la entrega de acciones de la petrolera que la jueza Loretta Preska había ordenado transferir a Burford Capital, el fondo litigante.
La resolución implica que, al menos por ahora, la Argentina no deberá entregar esos activos, en el marco de la causa en la que se le impuso una condena por más de 16.000 millones de dólares, derivada de la forma en la que se estatizó YPF durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, en 2012.
Freno judicial tras el revés inicial
Este nuevo fallo llega apenas horas después de que la jueza Preska negara el pedido del Estado nacional para suspender esa orden de transferencia. Sin embargo, los abogados de la defensa argentina presentaron una apelación de urgencia ante el tribunal superior, que resolvió conceder una suspensión administrativa temporal hasta que se analice a fondo el caso.
El documento judicial indica que la suspensión permanecerá vigente hasta que un panel de tres jueces del mismo circuito resuelva si corresponde o no otorgar una medida cautelar más amplia. Para ello, Burford Capital deberá presentar su oposición antes del 17 de julio, mientras que la Argentina podrá replicar hasta el 22 de julio
Una vez completado ese intercambio legal, se espera que el tribunal decida si extiende o levanta la suspensión, lo que podría suceder recién la semana siguiente.
Qué está en juego
El fondo Burford Capital, especializado en litigios internacionales, compró los derechos del caso a accionistas del Grupo Petersen (familia Eskenazi), que había sido desplazado de la conducción de YPF tras la estatización.
Desde 2015, la empresa extranjera impulsa el reclamo contra el Estado argentino en tribunales estadounidenses, por considerar que la expropiación se realizó sin respetar el estatuto de la compañía, que exigía una oferta pública de adquisición para el resto de los accionistas privados.
El año pasado, la jueza Loretta Preska falló a favor de Burford y estableció un monto de USD 16.099 millones, uno de los fallos judiciales más grandes en la historia contra un Estado soberano. La decisión fue apelada, pero mientras tanto el tribunal comenzó a ejecutar medidas para garantizar el cumplimiento de la sentencia, entre ellas la entrega de acciones de YPF en poder del Estado.
