El presidente de Colombia, Gustavo Petro, junto a su esposa Verónica Alcocer y su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, fueron incluidos en la Lista Clinton, oficialmente llamada Clinton List of Specially Designated Nationals (SDN), administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La medida también alcanza al ministro del Interior, Armando Benedetti.
La decisión responde a la Orden Ejecutiva 14059, dirigida a personas extranjeras presuntamente vinculadas al tráfico internacional de drogas. Según Washington, las políticas de Petro, incluyendo la llamada “Paz Total”, habrían favorecido indirectamente a grupos narcoterroristas, al otorgarles beneficios legales y suspender órdenes de captura a algunos gestores de paz.
Mientras Estados Unidos centra sus esfuerzos en operaciones directas contra carteles y organizaciones criminales, la administración colombiana prioriza la incautación de drogas y la sustitución de cultivos ilícitos. Según el Informe Mundial sobre Drogas 2025 de la ONU, Colombia concentra 253.000 hectáreas de coca, dos tercios de la superficie mundial, y produjo 2.600 toneladas de cocaína en 2023.
La sanción se produce en un contexto de críticas de Washington al respaldo de Petro a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela y vinculado al cartel de los Soles. El senador estadounidense Bernie Moreno había anticipado la posibilidad de sumar al presidente y su entorno a la Lista Clinton por supuestos vínculos con organizaciones narcotraficantes, señalamiento que el gobierno colombiano rechaza como infundado.
Petro aseguró que las sanciones se basan en acusaciones sin fundamento y cuestionó la imparcialidad de quienes determinan la inclusión en la lista. La medida incluye restricciones financieras y limita las operaciones internacionales, con posibles repercusiones en la economía colombiana y en las relaciones diplomáticas con Estados Unidos.
El anuncio genera además un foco internacional sobre la política antidrogas en Colombia y marca un nuevo capítulo en la relación bilateral con Estados Unidos. En la región andina y en provincias como Salta, el caso despierta atención por las rutas de drogas que atraviesan el Cono Sur y por cómo las decisiones en Bogotá pueden repercutir en la seguridad regional.
La inclusión de Petro y su familia en la Lista Clinton subraya la creciente presión internacional sobre Colombia para modificar su estrategia frente al narcotráfico, mientras Washington mantiene su enfoque de combate directo a las organizaciones criminales. La tensión entre ambos países deja claro que el conflicto podría escalar y tener repercusiones más amplias en América Latina.
