El Tribunal Internacional del Derecho del Mar celebró ayer en Alemania la primera audiencia en la que se trató la solicitud de Argentina para impulsar medidas provisionales contra el Reino Unido, con el fin de frenar la explotación de petróleo en las Islas Malvinas.
La delegación nacional se hizo presente en la ciudad de Hamburgo para exponer su planteo contra el proyecto Sea Lion, desarrollado por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte.
"Lo que está en juego no puede ser restituido. Los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción es definitiva", manifestó Mario Oyarzábal, Consejero Legal de la Cancillería.
El Gobierno argentino cuestionó que el Reino Unido autorizó "unilateralmente" la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental circundante a las Islas Malvinas. "Es un territorio sujeto a una disputa de soberanía cuya descolonización sigue pendiente", advirtió.
También apuntó que pese al reclamo argentino, anunciaron que iban a comenzar con la perforación a principios de 2027, fecha que las autoridades británicas aplazaron al 21 de marzo del próximo año. Incluso, prorrogaron por cinco años las licencias de producción de hidrocarburos y se negaron a adoptar las medidas provisionales, lo que "agravó la controversia".
Según el proyecto, Sea Lion contempla la explotación petrolera de la cuenca durante 35 años, con la posibilidad de alcanzar la perforación de 23 pozos de producción, y prevé nuevas etapas de desarrollo.
En ese sentido, Oyarzábal solicitó la necesidad de poner un freno al proyecto mientras se sustancia el arbitraje internacional.
"La perforación altera de manera permanente el lecho y el subsuelo marino. El petróleo una vez sustraído no puede ser devuelto", aseguró. Y enfatizó que ninguna indemnización posterior "podría restablecer el status quo".
La comisión argentina está compuesta además por María Ibarzábal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia; la embajadora argentina en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca, como co-agente; y los internacionalistas Marcelo Kohen y Nico Schrijver, a cargo de la defensa jurídica, junto con el asesor jurídico Agustín Giustiniani.
Tras la exposición argentina, fue el turno del Reino Unido. Hoy se hará la segunda y última ronda de exposiciones entre ambas partes sobre el conflicto.
Las cuatro medidas solicitadas
1) Frenar el proyecto Sea Lion, que estaría listo para empezar en 2027; e impedir el comienzo o la continuación de la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
2) Restringir el uso de la información obtenida, evitando que esos datos y conocimientos sean utilizados en perjuicio de los derechos argentinos o transferidos a terceros con ese propósito.
3) Proteger el medio marino.
4) Evitar nuevas decisiones unilaterales por parte del Reino Unido, en particular la concesión de nuevos permisos de explotación en la plataforma continental disputada.
