El gobierno de Perú decretó el estado de emergencia en Lima y en el puerto del Callao, tras una creciente ola de delitos y protestas que mantienen en tensión al país. La medida, que regirá por 30 días, busca frenar la escalada de inseguridad y los enfrentamientos en las calles, en un contexto de inestabilidad política que se profundizó tras la destitución de la expresidenta Dina Boluarte.
A partir de este miércoles, las principales avenidas y zonas comerciales de la capital peruana amanecieron bajo un fuerte despliegue militar. Las fuerzas armadas patrullan junto a la Policía Nacional, mientras se restringen ciertos derechos constitucionales, como la libertad de reunión y el desplazamiento en motocicletas. Estas disposiciones forman parte del decreto firmado por el presidente interino José Jerí, quien asumió el poder hace apenas unas semanas.
El gobierno argumentó que el objetivo de la medida es contener la criminalidad organizada, una problemática que se agravó durante los últimos meses. Las autoridades reconocen que la inseguridad superó niveles históricos, con un incremento significativo en los casos de extorsión, robos y homicidios. Según cifras oficiales, las denuncias por extorsión pasaron de poco más de dos mil en 2023 a más de diecisiete mil en lo que va de 2024, concentrándose principalmente en Lima y Callao.
La situación política en el país vecino atraviesa uno de sus momentos más complejos de los últimos años. La destitución de Dina Boluarte, el pasado 10 de octubre, tras un juicio político exprés impulsado por el Congreso, desató una nueva ola de protestas en todo el territorio peruano. Los manifestantes, en su mayoría jóvenes entre 18 y 30 años, expresan su rechazo tanto al Parlamento como al nuevo gobierno, al que acusan de autoritario.
Las movilizaciones se intensificaron el 15 de octubre, con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad que dejaron un muerto y más de un centenar de heridos. En distintos puntos de la capital se registraron bloqueos, incendios de neumáticos y marchas multitudinarias que pusieron en jaque a las autoridades.
Pese a que entre marzo y julio ya había regido un estado de emergencia similar, la medida no logró revertir los índices de criminalidad. Esta vez, el Ejecutivo busca reforzar la presencia militar en zonas estratégicas, sobre todo en los distritos donde operan bandas dedicadas a la extorsión y al cobro ilegal de “cupos”.
La ciudadanía, sin embargo, se mantiene escéptica ante el anuncio. Diversos sectores sociales consideran que la militarización no resolverá el problema de fondo, vinculado al desempleo, la desigualdad y la falta de oportunidades para los jóvenes. Mientras tanto, los comerciantes y transportistas temen que las restricciones al tránsito afecten la economía local, ya golpeada por meses de incertidumbre política.
En las calles de Lima, la presencia de uniformados genera sensaciones encontradas. Algunos vecinos valoran la decisión y esperan que sirva para disuadir a los delincuentes, mientras otros expresan temor ante posibles abusos de autoridad. El recuerdo de operativos anteriores, en los que se denunciaron detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza, sigue latente entre la población.
El puerto del Callao, considerado uno de los puntos más críticos del país por el accionar de bandas dedicadas al narcotráfico, es otro de los focos de la medida. Allí, el gobierno busca reforzar los controles en los accesos al muelle y en las rutas de transporte de carga, en un intento por frenar el tráfico de drogas y armas.
José Jerí, el presidente interino que asumió tras la destitución de Boluarte, enfrenta su primer gran desafío al mando del Ejecutivo. Su gobierno, de orientación conservadora, intenta proyectar una imagen de autoridad y control frente al avance de la delincuencia, pero deberá equilibrar el uso de la fuerza con el respeto a los derechos civiles para evitar una nueva crisis de legitimidad.
El decreto, vigente por un mes, podría extenderse si el Ejecutivo lo considera necesario. Sin embargo, analistas coinciden en que su eficacia dependerá de la coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad y de la capacidad del Estado para implementar políticas de prevención del delito a largo plazo.
En paralelo, las protestas continúan y los movimientos sociales no descartan nuevas convocatorias en los próximos días. La llamada “Generación Z peruana”, que tomó protagonismo en las manifestaciones recientes, mantiene su reclamo de reformas estructurales y exige una renovación total del sistema político.
Mientras tanto, la tensión se siente en todo el país y genera preocupación en la región. Los países vecinos, entre ellos Argentina, siguen de cerca la evolución de la crisis peruana, que podría tener repercusiones en el comercio y los flujos migratorios.
La población peruana, acostumbrada a convivir con vaivenes políticos, enfrenta nuevamente un escenario de incertidumbre. Con el estado de emergencia en marcha, las próximas semanas serán decisivas para saber si el gobierno de Jerí logra estabilizar la situación o si el país entrará en una nueva etapa de convulsión social.
