Cinco años después de uno de los casos más conmovedores de la pandemia, la Justicia cordobesa absolvió a los dos funcionarios acusados de impedir que Pablo Musse pudiera despedirse de su hija Solange, quien falleció en agosto de 2020 en una clínica de Alta Gracia mientras atravesaba un cáncer terminal. El fallo, dictado por un jurado popular, generó indignación y reavivó el debate sobre los abusos cometidos durante las restricciones sanitarias.
José Fernando Andrada, exdirector del hospital de Huinca Renancó y referente del COE local, y Analía Morales, trabajadora social del hospital de Río Cuarto, fueron declarados inocentes de los delitos de "abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público". Ambos habían llegado al juicio en libertad.
La familia de Solange expresó su malestar tras la audiencia. “Siento bronca y odio, lo mismo que sentí cuando no me dejaron ver a mi hija. Seguimos sin justicia”, dijo Pablo Musse, quien adelantó que apelará el fallo. “No vamos a bajar los brazos”, agregó.
El caso ocurrió en plena cuarentena por COVID-19. Pablo viajó desde Neuquén hasta Córdoba con los permisos necesarios, pero fue detenido en un control sanitario en Huinca Renancó. A pesar de que se le practicaron test rápidos que luego resultaron ser falsos positivos, no se le permitió ingresar a la provincia. Fue escoltado de regreso hasta su ciudad, sin poder ver a su hija en sus últimos días de vida.
Cinco días después, Solange murió sola. Su carta, escrita poco antes de fallecer, en la que reclamaba que “hasta el último día tengo mis derechos”, se viralizó y despertó una fuerte conmoción en todo el país.
La causa judicial buscó determinar si hubo un exceso por parte de los funcionarios al aplicar el protocolo. La fiscalía sostuvo que hubo arbitrariedad y falta de humanidad en la decisión, pero el jurado popular no lo consideró delito. El fallo generó controversia en distintos sectores y fue interpretado como una señal de impunidad frente a los abusos del Estado durante la pandemia.
Desde Salta y otras provincias del país, donde también se vivieron situaciones de restricciones extremas, el caso de Solange volvió a resonar como un emblema del dolor provocado por decisiones burocráticas deshumanizadas.
La familia Musse insiste en que la lucha sigue. El pedido de justicia por Solange continúa, no solo como una cuestión legal, sino como un reclamo ético ante lo que muchos consideran una herida abierta en la historia reciente del país.
