Argentina se retiró de la carrera para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante el período 2026–2027. Sin comunicado oficial, pero con confirmación por parte de organismos internacionales, la medida representa un giro notorio en la política exterior del gobierno de Javier Milei y aleja al país de uno de los espacios más relevantes en materia de derechos humanos a nivel global.
El cambio fue comunicado por la representación diplomática argentina ante las Naciones Unidas. Si bien Argentina tenía prácticamente asegurado el respaldo necesario para ocupar uno de los dos escaños regionales —junto con Chile—, será finalmente Ecuador quien asuma ese lugar en la elección que se llevará a cabo en octubre en la Asamblea General.
La decisión implica que el país ya no podrá votar ni impulsar resoluciones dentro del Consejo, aunque continuará participando como observador. En la práctica, se trata de un retroceso en cuanto al rol activo que Argentina venía teniendo en temas clave como diversidad, justicia climática o misiones de verificación en contextos críticos como Venezuela o Myanmar.
Desde la creación del Consejo en 2006, nuestro país fue miembro en cinco ocasiones y llegó a presidir el organismo en 2022. La salida, por tanto, rompe con una larga tradición diplomática y de compromiso con el sistema multilateral, especialmente valorada tras la última dictadura militar.
Más allá del impacto simbólico, la medida responde a una estrategia más amplia del gobierno de Milei, que ya había cuestionado públicamente a la ONU y a la Agenda 2030. En su discurso ante la Asamblea General en 2024, el presidente tildó a Naciones Unidas de “leviatán” y manifestó su rechazo a los organismos internacionales que —según su visión— limitan la soberanía de los países.
La alineación ideológica del Gobierno argentino con figuras como Donald Trump y Benjamín Netanyahu también ayuda a entender este repliegue. Ambos mandatarios han sido críticos de la estructura del Consejo y de lo que consideran una mirada sesgada en la defensa de los derechos humanos.
En el plano local, la decisión fue recibida con preocupación por parte de organizaciones sociales, sectores diplomáticos y defensores de derechos humanos. Señalan que se trata de un retroceso que debilita el compromiso histórico de Argentina con estas temáticas y puede traducirse en una pérdida de influencia en los debates internacionales.
Desde Salta, la noticia también genera inquietud. La provincia, históricamente relegada en el acceso a derechos fundamentales, ha encontrado en los foros internacionales una forma de visibilizar reclamos de comunidades originarias, víctimas de violencia institucional y sectores vulnerables. La salida del Consejo podría dificultar el acompañamiento global a estas causas.
A nivel práctico, Argentina seguirá siendo parte de los tratados internacionales en derechos humanos y estará sujeta a mecanismos de revisión. Sin embargo, al perder su lugar en el Consejo, también pierde poder de decisión y capacidad de incidencia en temas clave.
Lo que resta por ver es si este alejamiento de los organismos multilaterales será parte de una política de largo plazo o una decisión coyuntural. Lo cierto es que, mientras el Gobierno celebra su “desacople” del sistema internacional, sectores sociales y diplomáticos advierten sobre los riesgos de aislarse en un mundo cada vez más interconectado.
