El caso que estremeció a Córdoba y generó repercusión nacional vuelve a estar en el centro del debate judicial. Brenda Agüero, la enfermera condenada a prisión perpetua por la muerte de cinco recién nacidos en el Hospital Neonatal Ramón Carrillo, solicitó que se declare la nulidad del juicio que derivó en su condena.
La presentación fue realizada por su abogado defensor, Gustavo Nievas, ante la Cámara de Casación Penal. El escrito denuncia fallas graves durante el proceso judicial, entre ellas, la paridad en la votación del jurado —cuatro votos por la culpabilidad y cuatro por la absolución— y supuestas irregularidades en la conformación del mismo.
Según el planteo, uno de los jurados habría ocultado información clave durante la audiencia de selección, lo que, de haber sido advertido, habría permitido su impugnación. Nievas sostuvo que esta situación afectó directamente la validez de la deliberación, influyendo incluso en otros miembros del jurado.
Otro punto conflictivo señalado por la defensa fue una presunta advertencia del tribunal hacia quienes pensaban votar a favor de Agüero. Según Nievas, se les habría indicado que no podían desligar de responsabilidad a la enfermera sin hacerlo también con funcionarios públicos, condicionando así la libertad de decisión.
Además, el recurso apunta contra el análisis de las pruebas médicas. Nievas cuestionó los métodos utilizados para medir potasio post mortem, que habrían sido centrales para sostener la acusación. Asegura que se usaron técnicas desactualizadas que generan falsos positivos y que hoy no son aceptadas científicamente. “Hace más de 60 años que no se mide potasio después de la muerte”, expresó.
En ese sentido, insistió en que ninguna de las pruebas logró incriminar de manera fehaciente a Agüero, y denunció que la investigación se centró únicamente en responsabilizarla, sin contemplar otras hipótesis. Para el abogado, la instrucción fue “direccionada” y cerró el paso a líneas de indagación que podrían haber aportado claridad.
La defensa también respondió a quienes se oponen a reabrir el caso por temor a revictimizar a las madres. “¿Debe Brenda Agüero renunciar a defender sus derechos para no incomodar?”, cuestionó Nievas, quien consideró que esa postura carece de fundamentos jurídicos.
Ahora será la Cámara de Casación la que deberá evaluar si el pedido tiene sustento. El caso, que en su momento desató conmoción en todo el país, podría reabrirse si se comprueba que existieron vicios procesales o violaciones al derecho de defensa.
La evolución del caso podría sentar precedentes importantes en el país sobre cómo se aplican estas instancias judiciales en casos sensibles.
Por ahora, Brenda Agüero sigue detenida, mientras su defensa intenta revertir una condena que, aseguran, estuvo basada en pruebas mal analizadas y decisiones jurídicas cuestionables. El futuro del proceso, y la posibilidad de un nuevo juicio, están ahora en manos del tribunal.
