La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acusó públicamente a sectores no identificados de montar una operación de espionaje ilegal con el objetivo de perjudicar al Gobierno en plena campaña electoral. Sus declaraciones surgieron luego de la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, lo que generó un fuerte revuelo político y mediático.
Según Bullrich, los audios fueron grabados dentro de la Cámara de Diputados y su publicación no fue casual, sino parte de un plan con etapas definidas: grabación, espera estratégica y difusión durante el tramo más sensible del proceso electoral. “Fue una operación planificada con fines claros”, expresó desde sus redes sociales, sin dar nombres pero con un tono de fuerte advertencia.
En línea con ella, otros referentes del oficialismo como Martín Menem y el propio presidente Javier Milei se expresaron en términos similares. Menem habló de intentos de desestabilización, mientras que Milei cargó directamente contra ciertos periodistas, a quienes acusó de actuar como “espías” y de creerse por encima de la ley.
El Gobierno nacional considera que este tipo de maniobras atentan contra la institucionalidad democrática. Bullrich advirtió que se trató de una “violación a otro poder del Estado democrático” y que no se quedarán de brazos cruzados. “Vamos a ampliar la denuncia”, anunció, asegurando que habrá consecuencias para quienes estén detrás de la filtración.
La justicia ya había intervenido a través de un fallo que prohíbe difundir los audios en cuestión. Sin embargo, lejos de apaciguar el conflicto, la medida profundizó el debate sobre los límites de la libertad de expresión y el uso de la inteligencia ilegal en contextos políticos.
Bullrich no dio mayores detalles sobre los próximos pasos, pero insistió en que no se trata de un hecho aislado, sino de una acción deliberada para afectar la imagen del oficialismo y condicionar el resultado electoral. En su visión, se intenta frenar “el cambio de poder real” que representa la actual gestión.
Con la campaña entrando en su etapa final, este episodio se suma a una larga lista de escándalos y acusaciones cruzadas que marcan la política argentina. Y en Salta, donde la atención de los votantes se divide entre las urgencias económicas y las disputas partidarias, la denuncia de Bullrich aporta un nuevo condimento a un escenario ya de por sí incierto.
