La megacausa conocida como “Chocolate Rigau”, señalada como una de las investigaciones por corrupción política más voluminosas desde el retorno de la democracia, avanza hacia su juicio oral con un dato que genera indignación en gran parte de la ciudadanía: todos los imputados están en libertad o con arresto domiciliario. Ni los presuntos jefes del entramado ni el grupo de más de cincuenta “tarjeteros” pisan una cárcel común, pese a la gravedad institucional del caso y al caudal de pruebas acumuladas en la investigación.
El expediente, que reveló un esquema de extracciones sistemáticas de fondos públicos de la Cámara de Diputados bonaerense, quedó radicado en el Tribunal Oral Criminal V de La Plata. Sin embargo, el tribunal todavía no está completamente integrado: solo dos jueces están en funciones y resta designar a un tercero para poder iniciar el debate. Esa acefalía, que ya generó demoras, alimenta la percepción de que la causa avanza con lentitud a pesar de su impacto político y mediático.
Desde Salta —y en general desde el interior del país— el seguimiento del caso no es menor. La discusión sobre la transparencia en el manejo de fondos públicos, la responsabilidad de los funcionarios y la efectividad del sistema judicial también resuena en la provincia, donde los debates sobre corrupción y control estatal forman parte habitual de la agenda pública. La causa bonaerense actúa entonces como un espejo que refleja tensiones conocidas: procesos que se extienden durante años, apelaciones cruzadas y un sistema judicial que a menudo no logra ofrecer respuestas rápidas ni contundentes.
Todos en libertad o domiciliaria
Los principales imputados —Julio “Chocolate” Rigau, Claudio Albini y su hijo Facundo— cumplen prisión domiciliaria, con monitoreo electrónico. En noviembre, los Albini abandonaron la unidad penitenciaria donde estaban alojados luego de una serie de resoluciones contradictorias: una primera domiciliaria concedida por un juez de Garantías; la revocación de la Cámara de Apelaciones; la restitución del beneficio por parte de Casación bonaerense; y finalmente la confirmación de la Suprema Corte provincial. Esa cadena de decisiones derivó en su retorno a sus hogares, un desenlace que generó críticas por la disparidad de criterios.
Rigau, cuya detención en septiembre de 2023 destapó el escándalo, había accedido meses antes a la domiciliaria tras un planteo defensivo. Su abogado argumentó que no existían riesgos procesales concretos, y los jueces coincidieron en que no había motivos para mantenerlo en una unidad carcelaria.
A esto se suma la situación del resto de los imputados: más de cincuenta personas acusadas de estafas reiteradas, quienes transitan el proceso en libertad. La totalidad del grupo de “tarjeteros” enfrenta el camino hacia el juicio sin encierro preventivo, algo que para muchos resulta incomprensible en una causa que expuso un mecanismo aceitado para desviar fondos públicos durante meses.
Cómo empezó todo
El caso explotó el día en que Rigau fue detenido dentro de un cajero automático del Banco Provincia, en pleno centro de La Plata, con 48 tarjetas de débito pertenecientes a empleados legislativos y casi 1,2 millones de pesos extraídos en pocas horas. Aunque inicialmente alegó que realizaba “un favor”, la investigación posterior reveló un esquema mucho más profundo.
El recorrido judicial comenzó torcido: una cámara penal anuló su detención y puso en riesgo toda la causa al considerar inválido el procedimiento policial. Pero en una instancia posterior la decisión fue revertida y la investigación volvió a ponerse en marcha. A partir del teléfono de Rigau, los registros bancarios y los datos administrativos de la Legislatura, se reconstruyó la red de contratos fraudulentos, extracciones masivas y vínculos entre el operador y la oficina de Claudio Albini, entonces encargado administrativo en Diputados.
Ese trabajo permitió identificar uno por uno a los supuestos beneficiarios de los contratos, muchos de los cuales declararon no saber que figuraban como empleados. Otros admitieron haber cedido sus tarjetas voluntariamente. La fiscalía terminó imputando a los tres principales acusados por asociación ilícita y estafas reiteradas, mientras que el resto quedó involucrado por su rol en las maniobras.
Un juicio que todavía no puede empezar
Con miles de movimientos bancarios verificados, cruces de datos y peritajes que llevan años de análisis, la fiscalía logró la elevación a juicio. Sin embargo, pese al volumen del expediente, el comienzo del debate oral sigue trabado. El TOC V necesita un tercer juez que todavía no fue designado, lo que impide fijar una fecha concreta para el inicio de las audiencias.
Esa demora no es nueva en el país, pero adquiere otra dimensión cuando se trata de una causa que involucra al corazón de una institución pública y a funcionarios de alto rango. Para muchos ciudadanos, especialmente en provincias como Salta donde la demanda de transparencia es constante, la falta de definiciones rápidas alimenta la idea de que las causas de corrupción avanzan a un ritmo distinto del resto.
Un reflejo del sistema judicial y sus contradicciones
El caso “Chocolate” se convirtió en un símbolo de las fallas estructurales del sistema judicial argentino: tribunales incompletos, procesos que se estiran, resoluciones que se contradicen y un uso dispar de la prisión preventiva. Al mismo tiempo, expone cómo las maniobras de corrupción pueden pasar desapercibidas durante años dentro de organismos donde debería primar el control.
También deja sobre la mesa un debate profundo: qué lugar ocupan los delitos económicos en la agenda penal. En Salta y en otras provincias, la discusión sobre la corrupción suele mezclarse con la preocupación por la falta de sanciones efectivas en delitos administrativos o vinculados al uso irregular de recursos públicos. Este caso, aunque pertenece a la provincia de Buenos Aires, vuelve a encender el tema a nivel nacional.
Y, mientras tanto, ninguno de los acusados en la megacausa está en prisión común. El Estado no recuperó los fondos desviados, el juicio no tiene fecha de inicio y la magnitud del escándalo contrasta con la situación procesal de quienes aparecen como responsables.
De cara al debate oral, el desafío será que el proceso se desarrolle con transparencia, sin más dilaciones y con decisiones capaces de sostener la credibilidad de un sistema judicial que, desde Salta hasta Buenos Aires, atraviesa tensiones cada vez más visibles. Porque en definitiva, más allá del monto desviado o los nombres propios, lo que está en juego es la confianza social en las instituciones.
