Cuando restan apenas horas para el vencimiento del plazo fijado por la Justicia, la causa Vialidad vuelve a encender alarmas en los tribunales federales. Este miércoles 13 de agosto finaliza el término otorgado a los condenados para depositar la suma de $684.000 millones, monto fijado en concepto de reparación por los delitos cometidos contra el Estado nacional. Sin embargo, hasta el momento, la cuenta judicial habilitada en el Banco Nación sigue sin registrar movimientos, y todo indica que el escenario podría desembocar en una embestida judicial sin precedentes.
El monto, calculado tras un extenso proceso de evaluación del perjuicio económico que provocaron las maniobras fraudulentas en la obra pública, representa una de las reparaciones económicas más grandes en la historia judicial argentina. La sentencia fue clara: si no se efectiviza el pago, el Tribunal Oral Federal N°2 –integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso– podrá dar curso a la ejecución de bienes previamente embargados.
La medida forma parte de lo que los magistrados consideran una "consecuencia inevitable" del daño ocasionado al erario público. “No se trata solo de castigar con años de cárcel, sino de garantizar que el Estado recupere lo que le fue arrebatado de manera sistemática y organizada durante años”, sostienen puertas adentro desde los pasillos judiciales.
Cristina Kirchner en el centro del conflicto
La situación más delicada es la de Cristina Fernández de Kirchner, principal figura política involucrada en el expediente. Aunque la condena la alcanzó como parte de un esquema de direccionamiento de contratos viales durante su gobierno, su situación patrimonial plantea serios obstáculos para avanzar en el cobro efectivo.
Desde el año 2016, la expresidenta traspasó formalmente la totalidad de sus bienes a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, lo que la deja en una posición jurídica compleja: hoy, declara como único ingreso su jubilación, luego de que el gobierno de Javier Milei le suspendiera tanto su jubilación de privilegio como la pensión vitalicia como viuda del expresidente Néstor Kirchner.
En paralelo, la expresidenta enfrenta otras causas con embargos vigentes, como el expediente Hotesur–Los Sauces, donde el Tribunal Oral Federal N°5 mantiene congelado su patrimonio. En esa causa, figuran bienes valuados en millones de dólares, incluyendo departamentos en zonas exclusivas de Buenos Aires y Santa Cruz, terrenos y automóviles de alta gama.
Un patrimonio fragmentado y en disputa
Según lo detallado por la fiscalía en la causa Vialidad, entre los activos embargables figuran:
- Cuatro cajas de ahorro en distintas monedas.
- Una caja de seguridad y una cuenta comitente en el Banco Galicia.
- Plazos fijos en el Banco de Santa Cruz.
- Cuentas en la Caja de Valores compartidas con sus hijos y el fallecido Néstor Kirchner.
- Títulos en el Registro de Tenedores de Bonos del Gobierno Nacional.
Cada uno de estos activos podría ser ejecutado si el pago no se concreta. No obstante, el camino no es tan sencillo. La reparación solidaria implica que los condenados no tienen asignada una cuota fija, sino que deben llegar a un acuerdo entre ellos para dividir el monto total. Esta característica complica aún más el avance del cobro, ya que cualquier desacuerdo paraliza el proceso.
Además, no se descarta que la Justicia avance sobre la transferencia anticipada de bienes a sus hijos, considerando que pudo haber sido una maniobra destinada a eludir embargos futuros. Esta opción, aunque jurídicamente viable, requeriría de un nuevo proceso judicial que podría extenderse por años.
El futuro de los bienes embargados
Si este miércoles no hay novedades en la cuenta judicial, el tribunal podría activar de inmediato el juicio de ejecución sobre los bienes afectados, una herramienta legal que busca garantizar la reparación económica mediante la venta forzada o liquidación de activos.
Pero llevar ese procedimiento a término tampoco será tarea sencilla. La complejidad del entramado societario, la multiplicidad de cuentas en condominio y los recursos judiciales que podrían interponerse en cada instancia auguran una batalla judicial prolongada y cargada de tensión política y mediática.
En ese contexto, el rol de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola vuelve a ser clave. Ambos fueron quienes, durante el juicio, detallaron con precisión quirúrgica el circuito de corrupción montado alrededor de la obra pública y reclamaron una reparación concreta para el Estado. Hoy, con la sentencia firme y los plazos a punto de vencer, será su responsabilidad impulsar los próximos pasos si no hay cumplimiento voluntario.
Repercusiones en el escenario político
La tensión también se traslada al plano político. Aunque Cristina Kirchner no ocupa actualmente ningún cargo electivo, su figura sigue teniendo un peso gravitante dentro del espectro kirchnerista y genera reacciones encendidas tanto en el oficialismo como en la oposición.
Desde distintos sectores ya se barajan hipótesis sobre lo que podría significar una eventual ejecución masiva de bienes vinculados a una expresidenta, en un contexto económico frágil y con un clima social aún tenso. Para muchos, el cumplimiento o no de la reparación ordenada por la Justicia marcará un antes y un después en la relación entre el poder político y el Poder Judicial.
