La justicia de La Plata confirmó la elevación a juicio oral en el resonante caso “Chocolate” Rigau, una causa que expuso un esquema sistemático de desvío de fondos públicos desde la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. El expediente, que investiga el manejo fraudulento de millones de pesos a través de contratos fantasma y el uso de tarjetas de débito de empleados legislativos, ya tiene tribunal asignado para llevar adelante el debate oral.
Será el Tribunal Oral Criminal N° 5 de La Plata el que tendrá a su cargo el juicio, aunque actualmente se encuentra incompleto y deberá sumar a un tercer magistrado para avanzar con el proceso. Mientras tanto, el fiscal designado para esta etapa, Lucas Domski, fue apartado tras presentar su excusación por mantener una amistad íntima con Facundo Albini, uno de los principales imputados y exconcejal platense.
El caso, que generó fuertes repercusiones institucionales y políticas desde que salió a la luz en septiembre de 2023, tiene como protagonista central a Julio “Chocolate” Rigau, un histórico operador político vinculado al Frente Renovador. Fue detenido en un cajero automático del centro de La Plata con 48 tarjetas de débito a nombre de supuestos empleados legislativos. Según la investigación, esos plásticos se usaban para extraer dinero público de sueldos cobrados por personas que, en realidad, no prestaban servicio alguno en la Legislatura bonaerense.
Los investigadores sostienen que se trataba de una red bien aceitada, integrada por funcionarios, punteros y personas que cedían sus datos y tarjetas a cambio de una pequeña parte del salario cobrado de forma irregular. Entre los imputados se encuentran también Claudio Albini, exjefe de personal de la Cámara baja, y su hijo Facundo, quien además fue concejal hasta hace poco tiempo. Ambos, junto con Rigau, son considerados los cabecillas de una asociación ilícita montada para sustraer fondos públicos de manera sistemática.
El escándalo, que recuerda a otros episodios de corrupción institucional en el país, tiene implicancias directas en la credibilidad de los organismos públicos, especialmente en un contexto económico donde el manejo de los recursos del Estado es mirado con lupa por la sociedad. En Salta, este tipo de noticias no pasan desapercibidas, sobre todo cuando el debate por la transparencia en el uso de fondos públicos también está en agenda local.
Actualmente, los tres principales acusados cumplen arresto domiciliario, una medida que generó críticas por tratarse de una causa de delitos económicos de gran magnitud. Además de Rigau y los Albini, hay más de 50 personas imputadas, muchos de ellos señalados como “tarjeteros”: ciudadanos que habrían prestado su nombre y su tarjeta de débito para figurar como empleados ficticios de la Legislatura.
El mecanismo era simple pero efectivo: se los incorporaba a la planta legislativa, cobraban un salario estatal, y luego ese dinero era retirado en efectivo por Rigau u otros miembros de la organización, según los registros de cámaras de seguridad y los movimientos bancarios analizados durante la instrucción. A cambio, estos colaboradores recibían una fracción del sueldo y mantenían silencio.
Durante la etapa de instrucción, se analizaron movimientos financieros, se cruzaron datos laborales, y se peritaron teléfonos celulares que habrían aportado pruebas clave sobre la estructura y el funcionamiento de la red. El esquema operó durante años y, de acuerdo con la acusación, logró canalizar millones de pesos provenientes del presupuesto legislativo.
La causa ahora avanza hacia una instancia decisiva. El Tribunal Oral Criminal N° 5 deberá terminar de conformarse y definir una fecha para el juicio, algo que podría demorar debido a la complejidad del expediente. Se trata de una de las causas por corrupción más voluminosas de la historia reciente de la provincia de Buenos Aires, con miles de fojas y decenas de imputados.
La excusación del fiscal Domski, aunque llamativa, fue aceptada sin objeciones. El propio funcionario judicial explicó que su vínculo personal con Facundo Albini —relación que data de sus años como estudiante de Derecho— podría poner en duda la imparcialidad del proceso. En su presentación formal, hizo hincapié en la necesidad de mantener no solo la objetividad, sino también la apariencia de objetividad ante la opinión pública.
La designación de un nuevo fiscal será clave para asegurar la continuidad del proceso y evitar posibles planteos de nulidad que puedan entorpecer el juicio. Desde el entorno judicial se advierte que, por la magnitud del caso, el juicio podría extenderse varios meses y requerir un esfuerzo logístico considerable, incluyendo la declaración de decenas de testigos y la revisión de una importante cantidad de pruebas documentales y digitales.
