Un hecho que conmociona a toda la región norte del país salió a la luz en Santiago del Estero, donde una maestra jardinera de 54 años fue apartada de sus funciones luego de ser acusada de abusar sexualmente de dos niños de tres años que asistían a un jardín maternal municipal del barrio La Fraternidad, en la ciudad de La Banda. El caso generó alarma y encendió el debate sobre los mecanismos de protección infantil en instituciones educativas.
La causa judicial se activó el pasado 6 de agosto, cuando una joven madre de 25 años se presentó ante la Comisaría de la Mujer y la Familia para denunciar que su hijo había sido víctima de manoseos por parte de su docente. Según relató la mujer, el niño expresó con palabras propias que la maestra “le tocaba la cola” en reiteradas ocasiones, incluso después de que él le pidiera que no lo hiciera. El pequeño también habría contado que era reprendido y golpeado por la misma mujer sin razón aparente.
La situación tomó mayor gravedad días después, cuando una segunda madre se acercó a la misma dependencia policial con una denuncia similar. Su hija, también de tres años, habría vivido hechos del mismo tenor en el mismo establecimiento. Ambas madres coincidieron en señalar a la misma docente, quien llevaba casi dos décadas trabajando en el jardín ubicado en una zona populosa y de gran vulnerabilidad social.
Ante estos testimonios, la fiscal especializada en Delitos contra la Integridad Sexual, Daniela Yslas, intervino rápidamente y ordenó una serie de medidas investigativas. Entre ellas, se dispuso el allanamiento del domicilio de la docente, el secuestro de su teléfono celular y su computadora personal, además de la retención de los libros de actas del jardín, con el objetivo de recolectar elementos de prueba que permitan confirmar o descartar los hechos denunciados.
La Fiscalía también solicitó su detención preventiva, pero la jueza de Control y Garantías, Luciana Oyola, no dio lugar a ese pedido. En su lugar, resolvió una medida cautelar que prohíbe a la docente tener contacto con menores, familiares de las víctimas y personal del jardín, al mismo tiempo que se la separó del cargo mientras dure la investigación.
Mientras tanto, los peritos informáticos comenzaron a analizar los dispositivos electrónicos incautados, en busca de posibles registros, mensajes o cualquier otra evidencia que pueda esclarecer lo ocurrido. A su vez, se prevé que las autoridades escolares que estuvieron involucradas desde el primer momento presten declaración en los próximos días.
Este tipo de denuncias, más allá de la instancia judicial, vuelven a poner en foco la necesidad de contar con protocolos claros y efectivos para prevenir situaciones de abuso infantil, así como también de reforzar la formación del personal educativo en cuestiones vinculadas a los derechos de niños y niñas, la contención emocional y la detección temprana de señales de alerta.
En Argentina, el abuso sexual infantil es una problemática profundamente silenciada. En muchos casos, los chicos y chicas no logran verbalizar lo que les pasa o sienten vergüenza, miedo o confusión al hacerlo. Por eso es clave que los adultos a cargo —padres, madres, docentes y autoridades— estén atentos a los cambios de conducta, actitudes retraídas o manifestaciones inusuales en los más chicos, y que puedan accionar de inmediato ante la menor sospecha.
La Justicia trabaja ahora contra reloj para determinar si existen pruebas contundentes que respalden las acusaciones. En paralelo, se evalúa si hubo omisiones o fallas en el accionar del jardín en cuestión, ya que los hechos habrían ocurrido dentro del establecimiento y durante el horario escolar. También se indaga si otros niños podrían haber sido víctimas, algo que se mantiene bajo reserva para proteger a posibles afectados.
La comunidad atraviesa estos días con un profundo dolor y desconcierto. Padres y madres que confiaban plenamente en la institución se encuentran ahora frente a una situación traumática que deja secuelas difíciles de reparar. Muchos de ellos han decidido dejar de enviar a sus hijos al jardín, a la espera de respuestas claras por parte de las autoridades.
Por ahora, el proceso judicial continúa su curso, y se espera que en las próximas semanas haya novedades sobre el futuro de la docente acusada.
