Después de años de investigación y postergaciones, la expresidenta Cristina Kirchner volverá a estar frente a la Justicia por una causa que sacudió los cimientos del poder político en Argentina: los Cuadernos de las Coimas. El juicio oral comenzará el 6 de noviembre y promete ser un proceso histórico, no solo por la magnitud del expediente, sino también por la cantidad de imputados y testigos que participarán.
El Tribunal Oral Federal N° 7 (TOF 7), compuesto por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, será el encargado de llevar adelante el juicio. La audiencia será completamente virtual debido a la complejidad del caso y al elevado número de acusados: más de 140 personas enfrentan cargos por corrupción.
La causa de los Cuadernos comenzó en 2018 a partir de las anotaciones del chofer Oscar Centeno, quien registró durante años supuestos traslados de bolsos con dinero de sobornos. Ese material desencadenó una investigación que rápidamente escaló, involucrando a exfuncionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, así como a empresarios ligados a la obra pública.
El caso fue elevado a juicio oral en 2019 por el fallecido juez Claudio Bonadio y es considerado por el Poder Judicial como "la mayor maniobra de corrupción de los últimos 20 años". La fiscal general Fabiana León, quien representará al Ministerio Público durante el juicio, calificó el expediente como "la investigación más extensa de la historia argentina y comparable con muy pocas en el mundo".
Cristina Fernández de Kirchner será juzgada por presuntamente liderar una organización ilícita dedicada a recaudar sobornos a cambio de contratos de obra pública. La estructura, según la acusación, operaba desde el Ministerio de Planificación Federal, entonces encabezado por Julio De Vido, y tenía como eje la relación entre funcionarios y empresarios.
Entre las pruebas que se presentarán figuran confesiones de empresarios arrepentidos, declaraciones de exfuncionarios, documentación bancaria, informes de organismos estatales y hasta imágenes de cámaras de seguridad. El juicio contará con más de 630 testigos, lo que anticipa un proceso extenso y con alto impacto público.
La magnitud económica del caso también impresiona: la Justicia ratificó embargos que superan los 1.100 millones de dólares. Además, se contabilizaron fondos cautelados por 294 millones en el expediente principal y otros 64 millones embargados en cuentas en Suiza. En caso de que se dicte una condena, se analizará el decomiso actualizado de esos bienes.
Este no es el único frente judicial que enfrenta la ex presidenta. En paralelo, cumple una condena firme de 6 años de prisión por el caso Vialidad, en el que se la halló culpable de administración fraudulenta con perjuicio al Estado por 537 millones de dólares. Esa causa también alcanza a otros exfuncionarios de su gestión.
Antes de la apertura formal del juicio, se llevará a cabo una audiencia preparatoria el 24 de septiembre. Allí se definirán cuestiones organizativas y técnicas. Mientras tanto, Cristina y otros ocho condenados en la causa Vialidad tienen plazo hasta el 13 de agosto para depositar los montos ordenados por la Corte Suprema. Si no lo hacen, se avanzará con la ejecución sobre los bienes embargados.
La causa de los Cuadernos no solo tiene implicancias legales, sino también políticas e institucionales. El juicio oral será seguido de cerca por la ciudadanía, la oposición y el oficialismo, ya que pone bajo la lupa el funcionamiento del Estado y el vínculo entre política y negocios en una etapa clave del país.
Será también un desafío para el Poder Judicial: deberá garantizar un proceso transparente, ágil y justo, sin que los tiempos políticos interfieran con los tiempos procesales. En un país marcado por la desconfianza hacia la Justicia, este juicio podría convertirse en un punto de inflexión.
