El plazo se cumplió sin sorpresas. A las 9:30 de hoy, se venció el límite para que Cristina Fernández de Kirchner y los otros condenados en la causa Vialidad pagaran el monto establecido como decomiso por corrupción en la obra pública. Se trata de USD 537 millones que, al no ser abonados, habilitan al Tribunal Oral Federal N°2 a ejecutar los bienes de todos los implicados.
A partir de ahora, la Justicia puede avanzar con la remisión al remate de inmuebles, vehículos, cuentas y activos registrados a nombre de la expresidenta, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, el empresario Lázaro Báez y otros exfuncionarios que fueron condenados. Sin embargo, un nuevo capítulo se abre en este largo proceso judicial: los jueces deben analizar un pedido formal de la defensa de Cristina Kirchner para suspender cualquier medida sobre sus bienes.
La exmandataria, a través de su equipo legal, presentó una solicitud para frenar el decomiso. El eje del reclamo es la supuesta falta de rigor en la identificación de los bienes alcanzados por la sentencia. Según el escrito, los fiscales a cargo del caso —Diego Luciani y Sergio Mola— no realizaron una investigación patrimonial exhaustiva que permita determinar con claridad cuáles de los bienes son realmente producto o instrumento del delito juzgado.
Cristina Kirchner sostiene que los fiscales actuaron con imprecisión, lo que se tradujo en una sentencia que no establece de manera concreta qué activos estarían vinculados con los hechos de corrupción por los que fue condenada. “No tuve ni tengo en mi patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado, ni bienes o ganancias que resulten producto o provecho del delito”, expresó la ex presidenta en su presentación.
Desde su lugar de arresto domiciliario, también apuntó contra la cifra total del decomiso. Asegura que los USD 537 millones fueron calculados con errores tanto jurídicos como contables, y reclamó una revisión técnica del procedimiento que llevó a esa cifra. Para ella, el monto establecido carece de sustento fáctico y se apoya en estimaciones que no reflejan la realidad patrimonial del caso.
¿Qué significa que puedan ejecutar los bienes?
Con el plazo vencido y sin pago de por medio, la Justicia está formalmente habilitada para iniciar el proceso de ejecución. En términos simples, eso implica que pueden ser embargados y rematados bienes de los condenados hasta alcanzar el valor del decomiso ordenado en la sentencia.
Entre los activos involucrados figuran propiedades, vehículos, terrenos, acciones empresariales y otros recursos económicos de los imputados. En el caso particular de la familia Kirchner, varios de los bienes ya están identificados en causas previas, como Hotesur y Los Sauces, por lo que el tribunal cuenta con registros sobre su localización y valuación.
Sin embargo, el pedido de Cristina Kirchner de suspender este proceso obliga a los jueces a evaluar si existe algún fundamento jurídico que impida avanzar en esta etapa. Por ahora, el Tribunal no se pronunció, pero fuentes cercanas al expediente indican que la resolución podría conocerse en los próximos días.
El proceso no termina acá. Aunque los bienes estén en condiciones de ser ejecutados, la resolución del planteo defensivo podría alterar los tiempos. Si el Tribunal decide darle lugar a la solicitud de Cristina Kirchner, la ejecución se frenaría hasta que se determine si hubo irregularidades en el cálculo del decomiso y en la identificación de los activos.
En cambio, si los jueces rechazan el pedido, se pondrá en marcha una etapa delicada: la ejecución efectiva, que podría incluir remates públicos y la intervención de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
