El gobernador bonaerense Axel Kicillof y el presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), Homero Giles, fueron denunciados ante la Justicia Federal de La Plata por presunta administración fraudulenta, malversación de fondos públicos y abuso de autoridad. La presentación fue realizada por Marcelo Mazzeo, concejal electo de Esteban Echeverría por La Libertad Avanza, quien pidió una investigación judicial sobre el manejo del organismo que brinda cobertura a más de dos millones de afiliados en la provincia de Buenos Aires.
Según la denuncia, el IOMA atraviesa una crisis financiera y de gestión que estaría afectando la atención médica de miles de afiliados. El texto judicial plantea que los problemas económicos se tradujeron en demoras en los pagos a prestadores, suspensión de tratamientos y dificultades para acceder a medicamentos esenciales.
Mazzeo sostiene que el colapso del sistema configura una violación sistemática del derecho a la salud y responsabiliza a las autoridades del organismo por “inacción dolosa”. También acusa al gobierno provincial de haber convertido al IOMA en una herramienta política, lo que —según su planteo— derivó en un vaciamiento institucional y una pérdida de transparencia en el manejo de los recursos.
El denunciante agrega que existen afiliaciones compulsivas de empleados públicos y municipales que serían obligados a incorporarse al IOMA sin consentimiento, bajo amenaza de perder cobertura. A eso se suma una supuesta intermediación irregular con empresas privadas que recibirían fondos públicos para financiar policonsultorios, lo que configuraría un conflicto de intereses.
La presentación judicial alcanza también al gobernador Kicillof en su rol de máxima autoridad del Poder Ejecutivo bonaerense. Mazzeo argumenta que el mandatario tiene la obligación legal de supervisar el funcionamiento del organismo y que su omisión podría constituir responsabilidad penal y política. Además, solicitó allanamientos en el IOMA y en el Ministerio de Salud provincial, encabezado por Nicolás Kreplak.
El concejal pidió que, si la causa recae en el Juzgado Federal de La Plata a cargo de Ernesto Kreplak, hermano del ministro de Salud, se disponga su recusación para evitar un posible conflicto de interés.
Desde el gobierno bonaerense señalaron que no fueron notificados formalmente y consideraron que las acusaciones son genéricas y de carácter político. Sostienen además que el funcionamiento del IOMA está regulado por una ley específica y que muchos de los planteos carecen de sustento jurídico.
El expediente fue remitido a la fiscalía correspondiente, que deberá resolver si la Justicia Federal es competente para intervenir o si el caso pasa a la órbita provincial.
El IOMA, creado hace más de seis décadas, es la obra social más grande del país a nivel provincial y un pilar central del sistema de salud bonaerense. Su red de cobertura alcanza a docentes, trabajadores estatales, jubilados y pensionados. En ese contexto, cualquier irregularidad en su administración repercute en millones de personas.
La denuncia contra Kicillof y Giles se suma a un escenario político y económico complejo, en el que la gestión provincial enfrenta reclamos por el estado de la salud pública y el financiamiento del sistema sanitario. Aunque la Justicia aún no definió si avanzará con la investigación, el caso ya generó repercusión nacional y abre un nuevo frente de conflicto para el gobierno bonaerense.
