La Justicia federal ordenó la detención de Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, en el marco de la investigación por la distribución de fentanilo contaminado que ya provocó, al menos, 96 muertes en todo el país. La medida fue ejecutada por la Gendarmería Nacional y la PSA en una serie de allanamientos simultáneos.
Con esta detención, ya son más de una decena los implicados que quedaron tras las rejas, entre ellos familiares directos de García Furfaro —sus hermanos Diego y Damián, su madre Nilda Furfaro— y altos cargos de ambas farmacéuticas. El avance de la causa revela una estructura empresarial con graves fallas de control interno y posibles maniobras ilegales en la distribución del medicamento.
La investigación judicial apunta a los lotes 31.202 y 31.244 de fentanilo, que según peritajes estaban contaminados con bacterias Klebsiella y Ralstonia, lo que agravó el cuadro clínico de pacientes críticos. En al menos 12 casos, el medicamento se consideró un factor decisivo en los fallecimientos.
Además de la contaminación, se investiga un presunto desvío del fentanilo hacia el mercado ilegal, lo que agrava aún más el cuadro. El juez Ernesto Kreplak y los fiscales a cargo calificaron el caso como de “criminalidad compleja”, por el número de víctimas y la organización empresarial detrás.
Desde Salta, si bien no se confirmaron víctimas locales, el sistema de salud activó protocolos de control para verificar que ningún lote contaminado haya llegado a hospitales de la provincia. El caso pone en foco la debilidad del sistema de fiscalización y control en la cadena de medicamentos inyectables en todo el país.
