En una jornada que duraría más de 30 horas y con el país atento al cierre de listas electorales, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría la media sanción de dos proyectos que vienen generando fuerte discusión en la sociedad: el financiamiento de las universidades públicas y la declaración de emergencia en salud pediátrica. Ambos temas habían recibido media sanción previa del Senado y ahora avanzan un paso más hacia convertirse en ley.
La votación que mayor atención captó fue la del financiamiento universitario. Con 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones, la iniciativa logró superar la primera etapa parlamentaria, a pesar de los cruces y chicanas entre los bloques. El proyecto busca garantizar fondos para el funcionamiento de las universidades nacionales y una recomposición del salario docente, dos demandas centrales del sector educativo desde inicios de año.
La sesión fue impulsada por bloques opositores como Unión por la Patria, Democracia para Siempre y Encuentro Federal. Sin embargo, no todos los legisladores aliados del oficialismo estuvieron presentes: muchos se ausentaron debido al inminente cierre de listas previsto para el mismo día, lo que dejó en evidencia las tensiones internas y negociaciones de cara a las elecciones de octubre.
Mientras tanto, en las afueras del Congreso, manifestantes —entre ellos jubilados y organizaciones sociales— expresaban su descontento por la situación económica. La tensión escaló cuando la Policía de la Ciudad utilizó camiones hidrantes para dispersar a los manifestantes, en una postal que reflejó el clima caliente que se vivía también dentro del recinto.
El diputado cordobés Agost Carreño (Encuentro Federal) fue uno de los más enérgicos defensores del proyecto educativo. Cuestionó los recortes al presupuesto universitario y denunció un "desvío de prioridades" por parte del Gobierno. “No debería haber fondos para tomarse un avión e ir a un evento libertario”, lanzó, en clara alusión al acto encabezado por Javier Milei en Córdoba.
Desde la UCR, Natalia Sarapura alertó sobre el deterioro del sistema universitario público, al que calificó como “bajo amenaza permanente”. Para ella, el veto presidencial al financiamiento universitario del año pasado fue un mensaje claro: “La universidad dejó de ser una prioridad para el oficialismo”.
Julio Cobos también se sumó a las críticas, advirtiendo sobre el uso de fondos nacionales que deberían destinarse directamente a las provincias. Según el exvicepresidente, si los recursos coparticipables se desvían al Tesoro Nacional sin respetar su destino, “estamos en el límite de la malversación”.
Por su parte, Pablo Juliano (Democracia para Siempre) apeló a una metáfora religiosa para defender la causa: “Si estuviéramos en el Arca de Noé, los reformistas diríamos que la universidad tiene que estar adentro”. Su frase se viralizó rápidamente en redes sociales, donde el tema generó gran repercusión.
En la vereda opuesta, los legisladores de La Libertad Avanza y Republicanos Unidos cuestionaron el contenido de los proyectos. La diputada libertaria Mercedes Llano criticó la incorporación de cláusulas de actualización automática del presupuesto y recomposiciones retroactivas de salarios, alegando que “no se explica cómo se cubrirán esos costos”.
Acusó además a la oposición de “usar causas nobles con fines electorales”, una crítica que refleja el tono general del bloque oficialista ante la proximidad de las elecciones.
El diputado Álvaro Martínez fue más allá y protagonizó un tenso cruce con Danya Tavela (UCR), quien lo interrumpió para remarcar la falta de una ley de presupuesto por parte del Ejecutivo. Martínez respondió con una frase que causó revuelo: “El impuesto que más hemos bajado es la inflación”.
Ricardo López Murphy, por su parte, defendió la necesidad de una mayor previsibilidad fiscal y volvió a insistir con la baja de retenciones al campo. Según él, “Argentina tiene impuestos extravagantes que ningún competidor le impone a su agroindustria”.
El segundo proyecto debatido, menos mediático pero igual de urgente, fue la declaración de emergencia en salud pediátrica, que incluye asistencia directa al Hospital Garrahan. En un contexto donde la atención médica infantil enfrenta falta de recursos y personal, esta iniciativa apunta a reforzar el sistema con partidas especiales para garantizar la atención a niños y niñas en todo el país.
Aunque contó con menos exposición mediática, el proyecto recibió un respaldo mayoritario, y también fue defendido por varios diputados como una medida esencial en el actual contexto social y económico.
Ambos proyectos deben pasar por el Senado para su aprobación definitiva. Sin embargo, la media sanción representa una señal clara: hay un consenso creciente en el Congreso para proteger la educación pública y la salud infantil frente a los recortes presupuestarios.
El debate también deja un mensaje político de fondo: la disputa por el rumbo del país se juega no solo en las urnas, sino también en el Congreso. Y en este caso, se trata del acceso al conocimiento y al derecho básico a la salud.
n palabras de varios legisladores opositores, la discusión actual plantea una disyuntiva: “¿Invertimos en el futuro o hipotecamos a las próximas generaciones?”. En tiempos de ajuste, el rol del Estado vuelve al centro de la escena. Las universidades públicas, símbolo de movilidad social y conocimiento, se enfrentan a la amenaza del desfinanciamiento. La salud infantil, otra área sensible, también exige respuestas urgentes.
La sesión dejó frases que quedarán grabadas, discursos apasionados y un Congreso que, a pesar de sus divisiones, volvió a debatir temas que tocan el corazón de la sociedad argentina.
