En una sesión marcada por intensos cruces y maniobras políticas, la Cámara de Diputados de la Nación no consiguió reunir los dos tercios necesarios para rechazar el veto del presidente Javier Milei a la ley que establecía un incremento en las jubilaciones y pensiones. De este modo, el decreto presidencial quedó firme y la norma que preveía un aumento del 7,2% en los haberes, además de una mejora sustancial en el bono mensual, quedó sin efecto.
Con 160 votos a favor de rechazar el veto, 83 en contra y 6 abstenciones, la oposición no logró sostener la mayoría calificada que había alcanzado al inicio del debate. El resultado representó una victoria para el oficialismo y dejó sin cambios el esquema previsional vigente, lo que tendrá un impacto directo en miles de jubilados y pensionados de todo el país, incluida la provincia de Salta.
La propuesta original contemplaba una suba del 7,2% para todos los haberes del régimen general, con la excepción de los regímenes especiales. Además, se preveía elevar el bono de $70.000 a $110.000 y ajustarlo según la inflación, una medida que buscaba recomponer, al menos parcialmente, el poder adquisitivo de quienes perciben los ingresos más bajos del sistema previsional. En Salta, donde el costo de vida crece mes a mes y la canasta básica supera los $620.000, el rechazo de esta medida deja a más de 140 mil beneficiarios en una situación de alta vulnerabilidad.
Las abstenciones que definieron el resultado
El rol de las abstenciones fue decisivo. Al estar presentes pero no votar afirmativamente, elevaron el número de votos requeridos para alcanzar los dos tercios, lo que favoreció directamente al oficialismo. Entre los legisladores que se abstuvieron hubo figuras que responden a gobernadores aliados al Gobierno nacional o con vínculos políticos fluidos con la Casa Rosada. En un escenario cada vez más fragmentado, el peso de los acuerdos territoriales vuelve a jugar fuerte en el Congreso.
La postura de algunos bloques provinciales también resultó clave. Tal fue el caso de los diputados misioneros que responden al líder Carlos Rovira, así como el voto negativo de representantes de Entre Ríos, alineados con el gobernador Rogelio Frigerio. A ellos se sumaron dirigentes de Juntos por el Cambio que no acompañaron el rechazo al veto, como María Eugenia Vidal y Marcela Antola.
En nuestra provincia, el impacto no es menor. Según datos del ANSES, más de 140.000 salteños perciben una jubilación o pensión, y una gran parte de ellos depende casi exclusivamente de ese ingreso para subsistir. La mayoría cobra el haber mínimo, que ronda los $206.000, y complementa con el bono extraordinario de $70.000. Con el veto firme, no sólo se frena el incremento previsto, sino que se diluye cualquier posibilidad de actualización del bono por inflación.
En ciudades como Salta Capital, Orán, Tartagal y Metán, el rechazo a esta mejora previsional se traduce en una pérdida de poder adquisitivo aún más marcada, en un contexto donde los precios de alimentos, medicamentos y servicios no dan tregua. La situación se agrava especialmente para los adultos mayores que no cuentan con redes de contención familiar o que alquilan, un escenario cada vez más común en las zonas urbanas.
El tratamiento del veto se da en medio de un clima de tensión creciente entre el oficialismo libertario y la oposición, en un Congreso que aún busca reconfigurarse tras el reordenamiento político iniciado por el Gobierno de Milei. Si bien la oposición logró avanzar en algunos puntos —como el rechazo al veto presidencial sobre la emergencia en discapacidad—, no consiguió replicar la misma contundencia en temas sensibles como el de los haberes previsionales.
Desde el Ejecutivo celebraron la votación como un respaldo indirecto a la política de ajuste fiscal que impulsa el presidente. La Casa Rosada había sido clara en su postura: cualquier incremento que no tenga financiamiento concreto compromete el equilibrio fiscal y obstaculiza el rumbo económico que promueve el oficialismo.
En cambio, desde los sectores opositores criticaron duramente el veto, argumentando que implica seguir ajustando sobre los sectores más vulnerables. Las fuerzas que votaron a favor de rechazar la impugnación remarcaron que el proyecto original había sido aprobado por amplia mayoría y contaba con el respaldo técnico necesario para ser implementado.
Qué sigue en la agenda del Congreso
Tras esta votación, el Congreso aún tiene pendiente el tratamiento de la extensión de la moratoria previsional, un tema clave que podría beneficiar a miles de personas en edad jubilatoria que no cuentan con los años de aportes requeridos. En Salta, se estima que más de 30.000 personas podrían acceder a un beneficio previsional si se aprobara una nueva etapa de la moratoria.
También se debatirá la asistencia económica a Bahía Blanca tras el temporal y el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias, lo que puede abrir una nueva discusión sobre el federalismo fiscal y el trato a las economías del norte argentino.
En paralelo, un proyecto impulsado por el senador Julio Cobos busca modificar el huso horario nacional, una propuesta que, aunque parece lejana a las preocupaciones diarias, podría tener implicancias en sectores como el agro, la educación y la salud.
La decisión de convalidar el veto presidencial envía una señal clara a los jubilados del interior del país: las mejoras económicas no llegarán por ley, al menos por ahora. La estrategia del Gobierno parece pasar por contener el gasto público, incluso a costa de recortar beneficios que afectan directamente a sectores históricamente postergados.
