En una sesión cargada de tensión y con fuerte impacto político, la Cámara de Diputados de la Nación rechazó este miércoles el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. La decisión no solo significó un revés importante para el oficialismo nacional, sino que también dejó expuestas las diferencias internas en la representación legislativa de Salta, donde los diputados se pronunciaron en dos bloques bien definidos, reflejando el quiebre político que atraviesa la provincia frente a las decisiones del gobierno nacional.
Con 172 votos afirmativos, 73 negativos y 2 abstenciones, el Congreso reinstaló la vigencia de una norma que había sido vetada por el Ejecutivo bajo la premisa de mantener el equilibrio fiscal. La ley, que contempla la actualización de aranceles para prestadores de servicios a personas con discapacidad y la creación de una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo, vuelve a tener fuerza de ley y será ahora el Senado quien tenga la última palabra.
Un voto dividido en Salta
De los siete diputados nacionales que representan a Salta, cuatro votaron por rechazar el veto presidencial, alineándose con los sectores opositores a Milei y apoyando la ley original. Ellos fueron Pamela Calletti, Yolanda Vega y Pablo Outes, todos del bloque Innovación Federal, junto con Emiliano Estrada, referente de Unión por la Patria.
Por el otro lado, los tres legisladores de La Libertad Avanza —Julio Moreno Ovalle, Emilia Orozco y Carlos Zapata— respaldaron el veto, en línea con el planteo del presidente, que consideró inviable el proyecto desde el punto de vista fiscal.
La votación no solo refleja la grieta nacional trasladada al plano legislativo, sino también una reconfiguración del mapa político provincial, donde los sectores dialoguistas del oficialismo salteño, representados por Innovación Federal, comienzan a tomar distancia de las posturas más radicalizadas del gobierno libertario.
La Ley de Emergencia en Discapacidad: qué implica
El proyecto vetado por Milei y ahora restituido por la Cámara Baja fue impulsado ante la creciente preocupación de organizaciones sociales, familiares y prestadores vinculados a la discapacidad. Entre sus puntos principales, se destaca la actualización de los aranceles que el Estado abona a instituciones, profesionales y transportistas del sector, los cuales, según denuncian múltiples actores, están desfasados y dificultan la prestación de servicios esenciales.
Además, la normativa crea una pensión no contributiva para personas con discapacidad que no puedan acceder a otros beneficios previsionales, fijando el monto en el 70% del haber mínimo jubilatorio, lo que representa un alivio económico para uno de los sectores más vulnerables del país.
Desde el Gobierno nacional, sin embargo, se argumentó que la norma afectaba la sostenibilidad de las cuentas públicas y que no se había identificado una fuente de financiamiento clara para afrontar los nuevos compromisos. Bajo esa lógica, Milei decidió vetarla completamente, lo que generó una inmediata reacción tanto en el Congreso como en diversos sectores sociales.
Implicancias políticas para Salta
La votación dejó en evidencia que la postura salteña no es uniforme frente al modelo libertario. Mientras los representantes de La Libertad Avanza defendieron a rajatabla la decisión presidencial, el bloque de Innovación Federal se posicionó en defensa de la ley y del rol del Estado en el acompañamiento de las personas con discapacidad.
Pamela Calletti, Yolanda Vega y Pablo Outes ya venían marcando distancia de algunas políticas impulsadas desde Nación, pero esta votación terminó de confirmar su perfil opositor moderado. A ellos se sumó Emiliano Estrada, quien desde Unión por la Patria ha sido una voz crítica constante del rumbo económico y social del gobierno de Milei.
En cambio, los diputados libertarios mantuvieron una postura alineada con la Casa Rosada, en una defensa cerrada del ajuste fiscal y la reducción del gasto público, incluso en áreas sensibles como la discapacidad.
Esta división no solo tensiona los vínculos entre los representantes salteños, sino que también anticipa un escenario político local más fragmentado de cara a las elecciones de 2025, donde la relación con el gobierno nacional será un eje de debate inevitable.
La mirada social y el desafío del Senado
Si bien el voto de Diputados marcó un giro importante, la última palabra aún no está dicha. Será el Senado el que defina si la ley sigue vigente o si el veto se impone finalmente. En ese escenario, los senadores nacionales por Salta —Juan Carlos Romero, Nora Giménez y Emiliano Durand— estarán bajo la lupa, ya que su decisión podría inclinar la balanza en un tema que toca fibras muy sensibles.
A nivel provincial, organizaciones y familias de personas con discapacidad celebraron el resultado en Diputados, pero advierten que el camino legislativo no está cerrado. La presión ahora se trasladará a la Cámara Alta, donde los intereses políticos podrían pesar tanto como las demandas sociales.
En paralelo, la votación también dejó un mensaje hacia adentro del oficialismo salteño: los márgenes para mantener una postura ambigua frente al gobierno nacional son cada vez más estrechos. La polarización crece y los posicionamientos se vuelven más visibles, especialmente en temas de fuerte contenido social.
Un espejo de la política nacional
Lo ocurrido en Diputados refleja, en miniatura, la pulseada nacional entre un gobierno enfocado en el ajuste fiscal y una oposición que, con matices, busca sostener ciertos niveles de protección social. La votación de los diputados salteños no es un hecho aislado: se enmarca en una discusión mucho más amplia sobre qué modelo de país se quiere construir, y cómo se cuida —o se descuida— a quienes más necesitan del Estado.
La provincia de Salta, con sus particularidades históricas y sociales, no queda al margen de ese debate. Muy por el contrario, se convierte en un escenario clave para entender cómo repercuten las decisiones de Buenos Aires en la vida cotidiana del norte argentino.
