La tragedia por el fentanilo adulterado dejó al descubierto una red de negligencias, posibles actos de corrupción y un sistema de control que, en lugar de prevenir, falló estrepitosamente. El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, no pudo contener las lágrimas al referirse a las 96 muertes confirmadas hasta el momento. Lo calificó como “un atentado contra la gente”, y aseguró que quienes produjeron y distribuyeron esas ampollas “no tienen perdón”.
El escándalo tiene como protagonista al laboratorio HBL Pharma, vinculado a la distribución de fentanilo contaminado con bacterias. El producto llegó a distintos centros de salud del país, generando un brote de infecciones que resultaron fatales. La provincia de Salta, si bien no fue directamente afectada por el lote contaminado, mira con atención la situación nacional por el impacto que puede tener en los protocolos de control y fiscalización de medicamentos que se aplican también en nuestra región.
Lugones, visiblemente afectado durante una entrevista televisiva, no ocultó su indignación. “Soy médico, esto me duele profundamente. Lo que hicieron es de mala gente. Es un crimen”, sostuvo el funcionario, quien asumió su cargo en octubre pasado. Aseguró que desde su llegada al Ministerio de Salud inició auditorías sobre los laboratorios con antecedentes sospechosos, entre ellos, el laboratorio Ramallo, vinculado al caso.
En ese marco, reveló que HBL Pharma ya contaba con varias denuncias previas y que su cierre se debió a un cúmulo de irregularidades detectadas por el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) y la ANMAT. La cadena de responsabilidades está siendo investigada por la justicia federal, y también por sumarios internos que podrían alcanzar a funcionarios de alto rango.
“Esta gente llegó hasta acá porque tuvo una cobertura política que no es de este gobierno. Hay que investigar cómo pasaron de tener una verdulería en el conurbano a manejar un imperio de laboratorios”, apuntó Lugones, en alusión directa a Adrián García Furfaro, dueño de HBL Pharma. El empresario ya fue señalado en otras causas por irregularidades en contrataciones estatales y vínculos con anteriores administraciones nacionales.
El ministro remarcó que se trató de una cadena de errores y omisiones, y no descartó que haya habido corrupción. “Necesito tener toda la información antes de tomar decisiones definitivas. Pero si hubo responsables, no se van a salvar. El que las hace, las paga”, afirmó, dejando en claro que su gestión no será cómplice ni encubridora.
En medio de la conmoción, Lugones también buscó llevar tranquilidad a la población. Indicó que las ampollas de fentanilo contaminadas ya fueron retiradas del mercado por orden judicial, y que el resto de los productos disponibles en hospitales y clínicas son seguros. “La gente puede atenderse con confianza, el riesgo fue neutralizado”, afirmó.
Más allá de las medidas inmediatas, el episodio encendió las alarmas sobre el rol de la ANMAT, organismo encargado de fiscalizar laboratorios y medicamentos en todo el país.
La tragedia también puso en jaque a la confianza pública sobre el sistema de control sanitario. Los familiares de las víctimas reclaman justicia y exigen respuestas claras. El Ministerio de Salud de la Nación ya se constituyó como querellante en la causa penal, mientras que el ANMAT presentó una denuncia formal ante la justicia federal. El Instituto Malbrán fue designado perito oficial en el proceso.
Por otra parte, Lugones defendió las reformas en marcha dentro del sistema sanitario nacional, como la reducción de funciones de la ANMAT. “La motosierra no fue contra el personal, sino contra las funciones que se habían burocratizado o eran ineficaces”, explicó, en línea con la política del Gobierno nacional de desregular ciertos sectores.
En Salta, distintos profesionales de la salud y farmacéuticos locales consultados consideran que este caso puede marcar un antes y un después. “Lo que pasó con el fentanilo deja claro que no alcanza con la normativa si no hay un control real y continuo. Acá en la provincia tenemos buena trazabilidad, pero hay que estar siempre atentos”, señaló un directivo del Hospital San Bernardo.
Mientras tanto, la justicia sigue avanzando con la investigación. Se espera que en las próximas semanas se conozcan los primeros resultados del sumario interno al INAME, que podrían aportar elementos clave sobre el grado de negligencia o encubrimiento. El propio ministro reconoció que hay “sospechas de irregularidades” dentro del organismo.
Con 96 muertos confirmados y decenas de pacientes afectados, esta crisis sanitaria ya es una de las más graves en la historia reciente del país.
