El conflicto entre el Gobierno nacional y CTERA sumó este lunes un nuevo capítulo de tensión. En medio del paro docente convocado a nivel nacional, la Secretaría de Trabajo advirtió que podría iniciar el proceso para quitar la personería gremial a la organización sindical si no se cumple con el piso del 75% de prestación del servicio educativo que establece la legislación vigente.
La advertencia fue realizada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien confirmó que el Estado desplegó inspecciones en distintas provincias para verificar el nivel de asistencia en las escuelas y controlar que se respeten las guardias previstas para garantizar el funcionamiento del sistema educativo durante la jornada de protesta.
Según explicó el funcionario, las fiscalizaciones permitirán determinar el grado de acatamiento al paro y, en caso de comprobar un incumplimiento sistemático de la normativa, podrían abrirse expedientes administrativos contra la organización gremial. Aclaró, además, que el objetivo no es sancionar a los docentes de manera individual, sino exigir que el sindicato cumpla con las obligaciones previstas por la ley.
La medida de fuerza coincidió con el regreso a clases tras el receso invernal en varias jurisdicciones, entre ellas la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, lo que volvió a poner en el centro del debate el impacto de los paros sobre el calendario escolar.
Las inspecciones son coordinadas por el Ministerio de Capital Humano a través de las delegaciones territoriales de la Secretaría de Trabajo. Los equipos relevan la situación en los establecimientos educativos para elaborar un informe sobre el nivel de prestación del servicio y verificar el cumplimiento de los esquemas mínimos exigidos durante la huelga.
La postura oficial se apoya en la Ley de Modernización Laboral, que incorporó a la educación inicial, primaria, secundaria y especial dentro de los servicios esenciales. Bajo ese marco, durante una medida de fuerza debe garantizarse un funcionamiento mínimo equivalente al 75% de la actividad habitual.
Del otro lado, CTERA sostiene que el paro responde a la falta de respuestas del Gobierno nacional frente a los reclamos salariales y al financiamiento del sistema educativo. Entre las principales demandas figuran la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y la sanción de una nueva ley de financiamiento educativo.
El gremio también cuestiona la pérdida del poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación y rechaza iniciativas legislativas vinculadas al sistema educativo que actualmente se debaten en el Congreso.
Mientras tanto, el Gobierno mantiene su postura de que las negociaciones salariales deben desarrollarse en cada provincia. Desde la Secretaría de Trabajo recuerdan que la administración de las escuelas fue transferida a las jurisdicciones provinciales hace más de tres décadas y sostienen que son los gobiernos provinciales quienes deben discutir las condiciones salariales con los sindicatos locales.
Con las inspecciones en marcha y la posibilidad de avanzar con sanciones, el enfrentamiento entre el Ejecutivo y CTERA suma un nuevo foco de conflicto en un escenario donde las diferencias sobre el financiamiento, los salarios y la organización del sistema educativo continúan sin una solución a la vista.
