A quince años de la tragedia que sacudió la tranquilidad de la Quebrada de San Lorenzo con los homicidios de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, el Poder Judicial de la provincia enfrenta una instancia verdaderamente decisiva. La jueza de Garantías Silvia Adriana García Tabera debe definir en audiencia oral el destino procesal de un planteo de enorme trascendencia presentado por la Unidad Fiscal integrada por María Luján Sodero Calvet, Pablo Paz y Daniel Espilocín. La acusación pretende anular el sobreseimiento dictado a favor de Walter Orlando Lasi bajo la premisa doctrinal de la cosa juzgada írrita, una figura legal reservada para resoluciones viciadas de origen.
Si la magistrada concede la razón al Ministerio Público Fiscal y determina que las primeras actuaciones judiciales carecieron de idoneidad procesal, la desvinculación definitiva del imputado quedará automáticamente revocada. Escenario que habilitará a la representación estatal a investigar, imputar y eventualmente juzgar a Walter Lasi en el fuero penal local. De ocurrir lo contrario y prevalecer el rechazo a la petición fiscal mediante el principio de seguridad jurídica o la prescripción de la acción, la Justicia salteña afrontará un marcado costo institucional al convalidar impedimentos formales por sobre evidencias contundentes.
El foco del debate vuelve a posarse sobre las serias falencias atribuidas al trámite instructivo encabezado en su momento por el exjuez Martín Pérez. En aquellos cuerpos iniciales del expediente se consolidó una versión oficial que marginó a Walter Lasi de la acusación central. Aquella instrucción validó una coartada sobre supuestas gestiones administrativas fuera del circuito turístico de San Lorenzo y encuadró el ocultamiento del arma homicida —la carabina Bataan calibre .22 de la familia— como un episodio menor de encubrimiento, concediéndole la excusa absolutoria por parentesco con su hijo Gustavo.
El cuestionamiento actual no se limita únicamente al marco interpretativo del juzgado de origen, sino que conecta de forma directa con dos expedientes conexos de altísima gravedad que prontamente llegarán a debate oral. Uno de ellos investiga torturas y apremios ilegales aplicados por efectivos de la Brigada de Investigaciones para forzar confesiones; el otro indaga la falsedad ideológica derivada de haber "plantado" un revólver en la vivienda de Raúl Sarmiento para desviar el eje de la pesquisa.
En sus fundamentos técnicos, los fiscales aclararon que este reclamo no intenta atenuar el nivel de responsabilidad penal de Gustavo Lasi, sobre quien pesa condena firme a prisión perpetua. Sin embargo, enfatizan que en las indagatorias donde este incriminó a otros acusados evitó nombrar a su padre. A esto se suma que los peritajes genéticos oficiales hallaron en las muestras de las víctimas el haplotipo del cromosoma Y correspondiente a la patrilínea Lasi.
Entre los elementos más relevantes presentados para fundamentar el pedido destacan las planillas telefónicas que sitúan el celular de Walter Lasi impactando en la antena de la Quebrada de San Lorenzo en la franja horaria exacta de los crímenes. Además, testimonios de compañeros de trabajo ratificaron ausencias injustificadas del imputado esa misma tarde y conductas anómalas en los días posteriores. Todo se complementa con las declaraciones que confirman cómo Lasi entregó la carabina envuelta en arpillera a un tercero para evitar los rastreos policiales de las primeras semanas de agosto de 2011.
