Thiago Román Florentín, el joven de 22 años acusado de arrojar piedras contra la comitiva presidencial durante una caravana encabezada por Javier Milei en Lomas de Zamora, fue procesado por la Justicia Federal pero seguirá en libertad. La decisión fue tomada por el juez Luis Armella, quien consideró que no hay riesgos suficientes para dictar prisión preventiva, aunque impuso una serie de restricciones y un embargo millonario.
El incidente ocurrió la semana pasada cuando el Presidente, junto a su hermana Karina Milei y el diputado José Luis Espert, recorría la zona sur del conurbano. En medio de la movilización, un grupo de manifestantes se acercó a los vehículos oficiales con insultos y agresiones. En ese contexto, Florentín habría arrojado piedras que pusieron en peligro a los integrantes de la comitiva, según consta en la causa.
Además del procesamiento, el juez le trabó un embargo de un millón de pesos y le impuso normas de conducta estrictas. Entre ellas, la obligación de evitar hechos violentos en espacios públicos, bajo advertencia de que cualquier incumplimiento podría derivar en su detención.
Florentín reside en Alejandro Korn, partido de San Vicente, y milita en el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), organización que salió rápidamente a reclamar su liberación tras la detención. Desde sus redes sociales, referentes del espacio denunciaron persecución política y pidieron el desprocesamiento del joven.
El ataque generó un fuerte revuelo político. La caravana debió ser evacuada de urgencia: Milei y su hermana fueron trasladados en otro vehículo, mientras que Espert tuvo que retirarse en la moto de un simpatizante. Aunque se detuvo a otras personas durante el operativo, sólo Florentín quedó procesado por atentado a la autoridad.
En Salta, donde se espera la visita presidencial en las próximas semanas, el hecho encendió las alarmas en torno a la seguridad en actos públicos. Las autoridades provinciales ya evalúan medidas para garantizar que situaciones como la de Lomas no se repitan en territorio salteño.
El procesamiento de Florentín reaviva el debate sobre los límites de la protesta política en un contexto de creciente tensión social. Mientras algunos lo ven como víctima de criminalización, otros sostienen que se trató de un acto deliberado de violencia contra las instituciones. Lo cierto es que la causa sigue abierta, y su futuro judicial dependerá del avance de la investigación.
