Con la llegada del calor extremo cada vez más cerca, el Gobierno nacional, en conjunto con las principales empresas del sector energético, comenzó a delinear un plan de contingencia para prevenir cortes de luz durante el verano. Salta, al igual que muchas provincias del país, ya siente la presión de un sistema eléctrico que viene operando al límite desde hace años. En este contexto, se buscan soluciones tanto para enfrentar la inminente temporada estival como para encarar los desafíos estructurales del sistema energético argentino.
La Secretaría de Energía activó una mesa de trabajo con actores clave del sector eléctrico para identificar los puntos críticos de la red y elaborar respuestas concretas ante situaciones de alta demanda. Esto se da en el marco de la emergencia energética que rige hasta julio de 2026, una medida que reconoce el estado frágil del sistema y que habilita al Ejecutivo a tomar decisiones rápidas ante eventuales crisis.
Desde Buenos Aires hasta el norte del país, los picos de consumo durante olas de calor generan un estrés considerable sobre la infraestructura eléctrica. Y aunque Salta no está en el epicentro de los grandes consumos del AMBA, tampoco está exenta de sufrir los impactos de un sistema interconectado que muestra signos de saturación. Las altas temperaturas, cada vez más frecuentes e intensas, aumentan el uso de aires acondicionados, ventiladores y sistemas de refrigeración que disparan la demanda energética.
La situación es especialmente delicada porque el sistema eléctrico nacional depende en buena medida de un parque de generación envejecido y de una red de transporte de alta tensión que no siempre logra responder de manera eficiente. De hecho, en invierno, la salida momentánea de la central nuclear Atucha II obligó a importar energía desde países vecinos y a recurrir a combustibles alternativos más costosos para evitar apagones.
En este contexto, Salta y otras provincias del NOA también deben afrontar la posibilidad de interrupciones en el suministro eléctrico, sobre todo en zonas donde la infraestructura es más vulnerable. Los departamentos del interior, con redes de distribución menos desarrolladas, pueden ser los primeros en sentir los efectos de una sobrecarga del sistema nacional.
El plan oficial no se limita al corto plazo. A mediano y largo plazo, el Gobierno busca atacar los "cuellos de botella" que traban el crecimiento del sistema. Esto implica generar más energía, mejorar la capacidad de almacenamiento y, fundamentalmente, modernizar la red de transporte. Uno de los objetivos centrales es evitar que la energía generada no llegue a destino por falta de infraestructura adecuada.
Un eje clave en este sentido es la progresiva liberalización del mercado eléctrico mayorista. Se espera que para noviembre de 2025, las empresas puedan realizar contratos directamente entre ellas, sin necesidad de intermediación estatal. Esto podría incentivar la inversión privada en nuevas plantas de generación, aunque los tiempos de construcción son largos: no menos de tres o cuatro años por cada proyecto.
En paralelo, se está avanzando con una licitación para contratar capacidad de almacenamiento eléctrico en sectores críticos, especialmente en el AMBA. Aunque esta iniciativa está centrada en Buenos Aires, su impacto podría tener alcance nacional, al descomprimir la red y liberar capacidad para el resto del sistema. La licitación, que se resolverá a fines de agosto, ya recibió ofertas por más de 1.500 MW, con una inversión estimada en más de 1.000 millones de dólares.
En barrios de la capital salteña y de localidades como Tartagal, Orán y Metán, los vecinos recuerdan veranos recientes con cortes prolongados en plena ola de calor. Estos antecedentes generan preocupación y hacen que cada medida preventiva cobre una importancia clave.
La planificación de este verano será una prueba más de la resistencia del sistema eléctrico argentino. Y si bien las obras estructurales apuntan al mediano plazo, el desafío inmediato es evitar que el calor deje a miles de familias salteñas sin luz. En ese contexto, el trabajo coordinado entre Nación, provincias y empresas será determinante.
La licitación prevé una capacidad mínima de almacenamiento de 500 MW en nodos estratégicos como Almirante Brown, Avellaneda, San Fernando, Pilar, La Matanza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Empresas como Pampa Energía, Central Puerto, Genneia y Aluar ya manifestaron interés en participar. Si bien estos proyectos se concentran en el centro del país, su ejecución contribuiría a fortalecer el sistema interconectado del que dependen todas las provincias, incluida Salta.
A futuro, también se proyectan nuevas líneas de alta tensión que unirán regiones productivas y de generación con los grandes centros de consumo. Una de las prioridades es reforzar la conexión entre Mendoza, Chubut y Buenos Aires con líneas de 500 kV. Se trata de proyectos de gran envergadura, cuya ejecución demandará inversiones superiores a los 2.000 millones de dólares y que serán desarrollados por el sector privado. La intención es que estas obras comiencen a licitarse antes de fin de año.
Mientras tanto, las soluciones de corto plazo siguen siendo paliativas. La falta de generación suficiente obliga a gestionar con cuidado la demanda, sobre todo durante las horas pico. En Salta, las autoridades locales ya están en contacto con Nación para coordinar acciones preventivas, como campañas de concientización sobre el uso racional de la energía, refuerzos en las estaciones transformadoras más exigidas y mejoras en la distribución en zonas críticas.
