La diputada nacional Silvana Giudici, del bloque PRO, volvió a la carga con un reclamo que ya generó conmoción en la Cámara Baja: la creación de una comisión investigadora para esclarecer las causas y responsabilidades detrás de las muertes provocadas por fentanilo contaminado.
El pedido busca llegar al fondo de un escándalo sanitario que ya dejó 76 víctimas fatales y más de 90 personas afectadas. Entre los casos más impactantes, se encuentra el de un bebé de apenas tres meses, fallecido en Córdoba tras ser expuesto a esta sustancia adulterada.
El origen del problema se remonta al 15 de abril de 2025, cuando médicos del Hospital Italiano de La Plata detectaron irregularidades en la aplicación de fentanilo a pacientes. Tras la denuncia formal presentada el 2 de mayo ante la ANMAT, se descubrió que el lote contaminado había sido producido por Laboratorios Ramallo S.A. para HLB Pharma Group S.A.
El organismo sanitario prohibió la distribución del fentanilo el 13 de mayo y procedió a clausurar los laboratorios implicados. A partir de ese momento, se desató una investigación judicial liderada por el juez federal Ernesto Kreplak, que incluyó allanamientos, secuestro de documentos y análisis de pruebas en distintas droguerías y centros de salud.
Durante la sesión del miércoles pasado en la Cámara de Diputados, Giudici intentó aprobar el proyecto para crear una Comisión Especial Investigadora. Sin embargo, el pedido fue rechazado por falta de los votos necesarios: 107 votos afirmativos, 105 negativos y 3 abstenciones.
El rechazo provino, en su mayoría, de bloques como Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y Democracia para Siempre. El oficialismo, representado por Germán Martínez, argumentó que aún faltaba información clave en uno de los expedientes y propuso postergar la discusión.
A pesar de este traspié, el proyecto fue girado a las comisiones de Presupuesto y Hacienda (presidida por José Luis Espert) y Peticiones, Poderes y Reglamento (liderada por la diputada PRO Silvia Lospenatto), donde continuará su tratamiento.
De conformarse, la comisión tendrá amplias facultades para solicitar documentación, informes y testimonios de entidades públicas y privadas. Su objetivo principal será determinar cómo llegó el fentanilo adulterado al sistema de salud, y quiénes son los responsables directos e indirectos.
Además, se busca analizar la cadena de producción, distribución y comercialización del fentanilo y otros productos de los laboratorios involucrados. También se indagará sobre la posible connivencia de funcionarios públicos en estos hechos.
La comisión contará con representantes de todos los bloques legislativos, con un plazo de 90 días para investigar y 30 días adicionales para presentar un informe final con propuestas legislativas y recomendaciones de políticas públicas.
Giudici puso el foco sobre posibles conexiones políticas que habrían favorecido a los laboratorios investigados. Entre ellas:
- Sebastián Nanini, señalado como uno de los compradores de fentanilo, trabajó en la Policía Federal en 2023 y fue abogado de personajes de alto perfil. Además, sería apoderado del Partido Justicialista en José C. Paz, bajo la gestión del intendente Mario Ishii.
- Se detectó que el domicilio legal de uno de los laboratorios coincide con una sociedad presuntamente vinculada a un diputado nacional, lo que abre la puerta a investigar incompatibilidades o tráfico de influencias.
- Existen versiones que involucran al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, en presuntas gestiones para favorecer a uno de los laboratorios, cuando estos enfrentaban sanciones legales en el pasado.
Además del proyecto de comisión, Giudici presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo. En él, cuestiona la habilitación, durante la pandemia de COVID-19, de empresas sin trayectoria ni respaldo sanitario para participar en decisiones sensibles, como las negociaciones por la vacuna Sputnik V.
La diputada señaló que HLB Pharma fue adquirida en 2017 por Ariel García Furfaro, un empresario supuestamente vinculado a estructuras del anterior gobierno. Esta firma habría mantenido relaciones con funcionarios aún en funciones, como Ishii y otros actores políticos relevantes.
Este pedido de informes fue girado a la Comisión de Acción Social y Salud Pública, que preside el diputado oficialista Pablo Yedlin, donde se espera que también avance su tratamiento.
La situación plantea serias dudas sobre los controles sanitarios en Argentina, y reaviva una discusión clave: ¿qué grado de responsabilidad tienen los funcionarios públicos cuando el Estado falla en garantizar la seguridad de los medicamentos?
Giudici fue contundente: “No hay que bajar los brazos. Cada día hay más muertos y la causa del juez Kreplak todavía no tiene un solo imputado”.
El impacto de este caso no solo afecta a los familiares de las víctimas, sino que deja al descubierto un sistema vulnerable, donde los controles fallan y las consecuencias pueden ser mortales.
