Con 56 votos afirmativos, el Senado aprobó un proyecto que busca limitar el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Poder Ejecutivo. La iniciativa, que ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados, introduce un cambio de fondo en la dinámica institucional del país y apunta a reforzar la división de poderes.
El texto establece que los DNU tendrán un plazo máximo de 90 días corridos para ser aprobados por ambas Cámaras del Congreso. Si eso no ocurre en ese tiempo, los decretos quedarán automáticamente sin efecto. Además, si una sola Cámara los rechaza —aunque la otra no se pronuncie— también perderán validez, salvo por los efectos ya concretados durante su vigencia.
Otro punto central del proyecto es que cada DNU deberá referirse exclusivamente a una sola materia, para evitar que el Ejecutivo dicte decretos extensos con múltiples temas mezclados. Esta práctica, habitual en los últimos años, dificultaba el análisis legislativo y permitía imponer reformas amplias sin debate parlamentario.
La reforma cuestiona abiertamente el marco legal que rige desde 2006, cuando se sancionó la Ley 26.122 bajo impulso de Cristina Fernández de Kirchner, entonces senadora. Esa norma habilitó que los decretos se mantuvieran vigentes indefinidamente si no eran rechazados expresamente, lo que en la práctica facilitó su uso sin control.
Desde distintos sectores políticos hubo respaldo al proyecto, incluyendo al peronismo federal, el radicalismo, fuerzas provinciales y bloques independientes. En Salta, el senador Juan Carlos Romero propuso modificaciones que no fueron incorporadas, pero acompañó la media sanción como parte de un proceso que considera necesario para reequilibrar el sistema institucional.
Durante el debate, varios legisladores coincidieron en que se ha vuelto más fácil dictar un DNU que aprobar una ley, lo que vacía de contenido al Congreso y fortalece en exceso al Presidente, sin importar el signo político. La idea de poner fin a esa distorsión ganó fuerza tras el polémico Decreto 70/2023 del gobierno actual, que contenía más de 300 artículos y afectaba múltiples áreas de la vida pública.
Desde La Libertad Avanza, en cambio, advirtieron que limitar esta herramienta complicaría aún más a un Ejecutivo con minoría parlamentaria. Sin embargo, la amplia mayoría alcanzada en el Senado reflejó un consenso más allá de la coyuntura política.
Ahora el debate se traslada a la Cámara de Diputados, donde el escenario es más incierto. Si se aprueba sin cambios, se modificaría de raíz el funcionamiento de una herramienta que marcó las últimas décadas de gobierno en la Argentina. Si no prospera, seguirá vigente un esquema que muchos consideran contrario al espíritu de la Constitución Nacional.
La discusión no es menor: implica definir si el país continúa con una lógica hiperpresidencialista o avanza hacia un mayor equilibrio entre los poderes del Estado. Desde Salta y otras provincias del interior, se observa con atención una reforma que, de concretarse, podría significar un cambio de rumbo institucional.
