La causa judicial por el suministro de fentanilo contaminado, que ya provocó al menos 96 muertes en el país, sigue avanzando con nuevas medidas ordenadas por la Justicia. El juez federal Ernesto Kreplak dispuso que se analicen detalladamente las historias clínicas de 20 pacientes fallecidos, con el objetivo de determinar si existe una relación directa entre sus decesos y la administración del medicamento adulterado.
Los estudios estarán a cargo del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, que comenzará con las pericias en los próximos días. Esta instancia es clave para reconstruir los hechos y establecer responsabilidades penales, en una causa que ya puso en la mira a laboratorios, droguerías y empresarios vinculados a la cadena de producción y distribución del fentanilo.
Paralelamente, el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Dr. Carlos G. Malbrán está finalizando un exhaustivo análisis de los lotes sospechados. Se trata de los identificados con los números 31.202 y 31.244, producidos en diciembre de 2024 por el laboratorio Ramallo S.A., en conjunto con HLB Pharma Group. Ambos lotes presentaron contaminación con bacterias peligrosas como klebsiella pneumoniae y ralstonia pickettii, patógenos que pueden generar infecciones severas, especialmente en personas vulnerables o internadas.
El juez Kreplak fijó como plazo límite para la entrega del informe del Malbrán el próximo martes, con la idea de tener los resultados a primera hora del miércoles. A partir de allí, el Cuerpo Médico comenzará el análisis clínico de los expedientes médicos de las víctimas, en busca de patrones comunes, diagnósticos previos y posibles causas de muerte que puedan atribuirse directamente al fentanilo contaminado.
La investigación está marcada por un fuerte componente político y económico, ya que el empresario Ariel García Furfaro —titular de las firmas Ramallo S.A., HLB Pharma y la droguería Alfarma— es señalado como principal responsable por el escándalo sanitario. El propio presidente Javier Milei lo vinculó públicamente con sectores del kirchnerismo, generando un cruce político en medio de la causa judicial.
Furfaro intentó frenar el avance de las pericias médicas presentando un escrito ante el juzgado, con el objetivo de postergar el análisis dispuesto por la Corte Suprema. Sin embargo, el pedido fue rechazado por Kreplak, quien confirmó que el cronograma se mantiene sin cambios.
Si bien no se confirmaron muertes en territorio salteño hasta el momento, fuentes médicas reconocieron que el fentanilo es una droga comúnmente utilizada en terapias intensivas y anestesiología, lo que encendió alarmas en clínicas y hospitales de toda la provincia.
El Ministerio de Salud de Salta reforzó los protocolos de control sobre medicamentos recibidos y almacenados, y se instruyó a las farmacias hospitalarias a revisar con especial atención cualquier ampolla proveniente de los lotes mencionados. Además, se emitió una circular interna para que los equipos médicos reporten de inmediato cualquier efecto adverso vinculado a ese fármaco.
El fentanilo es un opioide sintético de altísima potencia, utilizado para el tratamiento del dolor agudo y crónico, especialmente en pacientes oncológicos o sometidos a intervenciones quirúrgicas. Su administración requiere un manejo estricto y profesional, ya que una mínima variación en la dosificación o la presencia de impurezas puede desencadenar consecuencias fatales.
Por eso, la sospecha de que cientos de ampollas contaminadas hayan circulado por centros de salud del país es un hecho de extrema gravedad. La Justicia busca determinar si hubo negligencia en el control de calidad, fallas en los procesos de esterilización o incluso un posible encubrimiento por parte de las empresas involucradas.
Hasta el momento, la causa contabiliza 96 muertes y no se descarta que esa cifra siga creciendo a medida que avancen las pericias. Si se confirma que los fallecimientos están directamente vinculados con la administración del fentanilo adulterado, podrían caber cargos penales por homicidio culposo o incluso por dolo eventual, dependiendo de la implicancia que tenga cada actor en la cadena de producción y distribución.
El rol del Instituto Malbrán será clave para determinar el origen y la magnitud de la contaminación. Sus informes técnicos, sumados a las conclusiones del Cuerpo Médico Forense, le permitirán al juez Kreplak contar con un panorama más preciso sobre cómo y por qué se produjeron los decesos.
Mientras tanto, las autoridades sanitarias provinciales —incluyendo las de Salta— se mantienen en estado de alerta. En este contexto, se espera que en los próximos días se emitan nuevas disposiciones desde el Ministerio de Salud de la Nación, tendientes a reforzar los controles en laboratorios, droguerías y farmacias.
La investigación recién comienza a desplegar sus primeras definiciones técnicas, pero el impacto humano y social ya es enorme. Las familias de las víctimas siguen esperando respuestas, y el sistema de salud enfrenta una de sus crisis de confianza más delicadas en años.
Por lo pronto, la Justicia mantiene la firme intención de avanzar hasta las últimas consecuencias. La pericia sobre las historias clínicas marcará un punto de inflexión en la causa, y podría abrir una nueva etapa en la que los responsables comiencen a rendir cuentas.
