El caso del fentanilo contaminado, detectado en distintas instituciones de salud del país, avanza a pasos agigantados como uno de los episodios más alarmantes del sistema sanitario argentino. Desde Rosario, donde se registraron las primeras alertas oficiales, ya se habla de la “mayor catástrofe sanitaria” de la historia nacional. El foco está puesto sobre laboratorios que arrastran antecedentes de irregularidades, algunos de los cuales ya habían sido advertidos por autoridades como la ANMAT. La preocupación se extiende por todo el país, incluida Salta, donde se intensifican los controles ante posibles ramificaciones.
La polémica estalló cuando se detectó que un lote de fentanilo —un potente analgésico de uso hospitalario, especialmente en terapias intensivas— estaba contaminado con bacterias altamente peligrosas. Esta situación derivó en la muerte de al menos ocho pacientes en Rosario, aunque se estima que la cifra podría aumentar a medida que se revisen más historias clínicas y se profundicen las investigaciones.
La línea de tiempo comenzó el 7 de mayo, cuando el sistema de salud rosarino recibió la primera alerta de la ANMAT. Desde ese momento, se activaron protocolos de rastreo en farmacias y hospitales, lo que permitió retirar de circulación las ampollas comprometidas. En paralelo, se inició una revisión clínica que identificó casos con infecciones bacterianas compatibles con el lote contaminado. A medida que se cruzaban datos, se detectó un patrón: todos los fallecidos habían sido tratados con ese medicamento en áreas críticas.
El laboratorio señalado como productor del fentanilo contaminado forma parte del grupo HLB Pharma, que ya había estado bajo la lupa. Según informaron desde el municipio de Rosario, la conexión se remonta a 2016, cuando ocurrió una explosión en el laboratorio Apolo, también ubicado en esa ciudad y con los mismos responsables detrás. Tras ese hecho, los involucrados habrían reconfigurado su estructura empresarial y trasladado su actividad a Ramallo, donde hoy se ubica el nuevo laboratorio denunciado.
Pese a las advertencias previas de la ANMAT sobre irregularidades en la producción y calidad de medicamentos en dicho establecimiento, las sanciones nunca llegaron. Desde la Municipalidad de Rosario aseguran que hubo inspecciones que ya en diciembre de 2024 habían detectado la presencia de bacterias en otros productos elaborados por el mismo grupo, pero que ninguna medida efectiva fue aplicada.
Con el caso en plena expansión, las miradas apuntan también a las responsabilidades políticas. Se habla de vínculos estrechos entre algunos de los directivos del laboratorio y sectores del kirchnerismo, sobre todo en relación a gestiones anteriores vinculadas a la importación de la vacuna Sputnik V durante la pandemia. La falta de controles efectivos, sumada a un posible entramado de influencias, hoy derivó en una tragedia evitable.
Desde Rosario, el intendente Pablo Javkin enfatizó que se presentaron como querellantes junto con la provincia de Santa Fe para exigir justicia y esclarecer la cadena de responsabilidades. La investigación judicial se enfoca ahora en recolectar la mayor cantidad posible de historias clínicas y trazar con precisión el alcance del daño provocado por el lote contaminado.
En Salta, la preocupación no es menor. Aunque hasta el momento no se reportaron víctimas por este fentanilo específico, el Ministerio de Salud activó protocolos preventivos. Se revisan lotes en circulación y se emite información a profesionales médicos para identificar posibles casos sospechosos. En varias clínicas privadas se ordenó el reemplazo de lotes de fentanilo por otros de origen certificado.
El fentanilo, por su potencia y especificidad, es un insumo esencial en las unidades de terapia intensiva. Por eso, cualquier irregularidad en su composición representa un riesgo enorme para pacientes en estado crítico. La aparición de bacterias en el producto lo convierte directamente en un vector de infecciones mortales, sobre todo en organismos debilitados.
Lo que genera mayor indignación en los ámbitos médicos y sanitarios es que la cadena de fallas no fue producto de un accidente aislado, sino de una serie de omisiones que, sumadas en el tiempo, conforman un cuadro preocupante: laboratorios que cambian de nombre pero mantienen a los mismos responsables, alertas que no derivan en sanciones, y un sistema que no logra responder con rapidez ante situaciones de alto riesgo.
La falta de sanciones tras inspecciones con hallazgos graves y el escaso seguimiento posterior sobre los laboratorios involucrados hacen pensar en un patrón de impunidad. No se trata solo de fallas administrativas, sino de una sucesión de decisiones que hoy se pagan con vidas.
En este contexto, los familiares de las víctimas piden respuestas, pero también respeto. El dolor por la pérdida de seres queridos se mezcla con la frustración por un sistema que no supo protegerlos. Desde el Municipio de Rosario piden evitar la politización del caso y que se mantenga el foco en el aspecto humano y judicial, sin convertirlo en una herramienta electoral.
Las próximas semanas serán clave. A medida que se avance con el análisis de historias clínicas y se sigan retirando lotes sospechosos, la dimensión real de esta catástrofe saldrá a la luz. Mientras tanto, en provincias como Salta se trabaja en silencio para evitar que el escándalo tenga réplicas locales.
En la provincia, donde los recursos sanitarios son más limitados en ciertas áreas del interior, la posibilidad de recibir insumos defectuosos podría tener un impacto aún mayor. La prevención y el control riguroso son hoy la única barrera para que lo ocurrido en Rosario no se repita en otros puntos del país.
Este caso vuelve a poner en evidencia la necesidad de una regulación efectiva y de políticas sanitarias firmes que prioricen la salud pública por encima de los intereses comerciales o partidarios. Porque si hay algo claro en medio de esta tragedia, es que no se trata de un error aislado, sino de un sistema que falló en proteger a quienes más lo necesitaban.
