La investigación que se lleva adelante en el Juzgado Federal de La Plata, bajo la conducción del juez Ernesto Kreplak, confirmó este martes 12 de agosto de 2025 que ascienden a 96 las personas fallecidas por recibir fentanilo contaminado. Esta cifra, que ya se consolida como un verdadero drama sanitario, supera con creces los 76 decesos reportados hace apenas días.
Entre los nuevos casos figuran tres en el Hospital Interdistrital Evita de Formosa, uno en la Clínica Vélez Sarsfield de Córdoba, siete en el Instituto de Diagnóstico de Santa Fe y nueve en el Hospital Regional Español de Bahía Blanca. En cuanto a este último punto, la Justicia aún debe confirmar si esas víctimas habían resultado positivas en hemocultivos —es decir, si poseen evidencia bacteriológica clave— por lo que el número real de muertos podría revisarse a 87.
El operativo judicial involucra el examen de más de 200 hospitales y clínicas de todo el país que aplicaron el lote cuestionado, cuyo número exacto está siendo objeto de peritajes exhaustivos. Además, en casos como el de la Clínica Vélez Sarsfield, donde se habrían aplicado unas 1.700 dosis pero solo se habrían reportado cuatro muertes (una de ellas el bebé cordobés Giovanni, de tres meses, quien aún lucha por su vida), la Justicia sospecha un posible desvío del fármaco o registros incompletos.
Paralelamente, el juez Kreplak ordenó pericias clave al Cuerpo Médico Forense: se busca comprobar que las bacterias halladas en las ampollas contaminadas —como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii— coincidan genéticamente con las encontradas en los pacientes afectados.
Por otro lado, los peritajes revelaron que se administraron unas 33.731 ampollas contaminadas hasta que la ANMAT ordenó su retiro, a principios de mayo. La cantidad total del lote era de 154.530 unidades: ya se recuperaron más de 64.000, mientras que otras 45.391 se encuentran bajo custodia judicial. Aún faltan ubicar unas 11.405 dosis, aunque el juzgado asegura que no están perdidas.
Desde el punto de vista judicial, ya hay 24 personas sospechadas —entre propietarios, responsables técnicos y familiares vinculados a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo— que tienen inhibición general de bienes y prohibición de salir del país. Aunque no hay imputaciones formales aún, se investiga si hubo maniobras tendientes a ocultar la verdad o a facilitar la salida del país.
La investigación también pone bajo la lupa el accionar de la ANMAT, instancia responsable de los controles sobre laboratorios y medicamentos, ya que HLB Pharma había sido sancionada con anterioridad por irregularidades en sus procesos.
En este escenario, el juez Kreplak dejó en claro que, aunque se logró detener la circulación del fármaco contaminado, la cifra de fallecidos podría aumentar. El país afronta una “cifra negra” de muertes no detectadas ni registradas, debido a la ausencia de un sistema de trazabilidad eficiente
