La investigación por la distribución de fentanilo contaminado que dejó un saldo de al menos 96 muertes en distintos puntos de la Argentina sumó este viernes un capítulo clave: la declaración indagatoria de Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma. El empresario quedó en la mira de la Justicia federal luego de que las pericias confirmaran irregularidades graves en la producción y distribución del opioide que terminó siendo letal.
El juez Ernesto Kreplak, a cargo del expediente, fue quien encabezó la audiencia en los tribunales federales de La Plata. La indagatoria incluyó la lectura formal de la imputación contra Furfaro y la posibilidad de que en los próximos días se defina si el empresario será procesado por homicidio culposo o incluso doloso, considerando la magnitud del daño ocasionado por la droga adulterada.
La causa no solo apunta contra el dueño del laboratorio. También fueron citados familiares directos de Furfaro y responsables operativos de HLB Pharma, en una trama que revela la falta de controles internos y el posible incumplimiento de protocolos exigidos por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
Furfaro había sido detenido el miércoles pasado tras una orden del magistrado, motivada por los resultados de las pericias que llegaron al juzgado entre el martes y el miércoles. El material analizado confirmó que el fentanilo distribuido desde HLB Pharma contenía niveles de contaminación incompatibles con su uso médico y con efectos letales para quienes lo consumieron.
La situación judicial del empresario es delicada. Si bien su defensa intenta marcar distancia argumentando que no tenía un rol técnico dentro del laboratorio, los investigadores sostienen que, en calidad de socio mayoritario y responsable legal de la firma, no podía desconocer el funcionamiento ni los controles de producción. Los próximos diez días hábiles serán claves, ya que en ese plazo el juez Kreplak deberá resolver la situación procesal de Furfaro.
El caso impacta con fuerza en la opinión pública, no solo por la cantidad de víctimas mortales sino también por lo que expone respecto de los sistemas de control sanitario en el país. La presencia de un opioide contaminado que logró distribuirse en diferentes provincias —con consecuencias trágicas— despierta preguntas sobre la capacidad de los organismos estatales para detectar a tiempo fallas en la cadena de producción y distribución de medicamentos.
En provincias como Salta, donde el sistema de salud enfrenta desafíos propios, la noticia genera preocupación. La circulación de sustancias adulteradas no es un problema ajeno a la región: los antecedentes de consumo de drogas sintéticas y la facilidad con que algunos compuestos llegan al mercado ilegal ponen en alerta a las autoridades locales. Si bien no se registraron muertes por fentanilo en la provincia, el caso marca un precedente sobre los riesgos de que sustancias controladas sean manipuladas sin las garantías necesarias.
El fentanilo es un opioide sintético de altísima potencia, utilizado en contextos médicos controlados, especialmente en tratamientos de dolor crónico o en cirugías. Sin embargo, su desvío hacia circuitos ilegales y la adulteración de los lotes generan un escenario de alto riesgo. A nivel internacional, particularmente en Estados Unidos, la droga ha sido protagonista de una crisis de sobredosis que dejó miles de muertes en la última década. Que un episodio de similares características haya ocurrido en la Argentina pone de relieve la vulnerabilidad del sistema.
La investigación avanza en paralelo sobre el circuito de distribución que permitió que el fentanilo contaminado llegara a distintos puntos del país. Los investigadores trabajan sobre documentación incautada en los allanamientos y sobre testimonios de empleados y allegados al laboratorio. No se descarta que aparezcan nuevas imputaciones en los próximos días.
En Salta, referentes sanitarios consultados remarcan la importancia de reforzar los controles y de evitar que sustancias de uso médico puedan filtrarse hacia el mercado clandestino. Aunque la provincia no se vio directamente afectada por esta tragedia, la preocupación se centra en la posibilidad de que algo similar pueda ocurrir en el futuro si no se ajustan los mecanismos de control y fiscalización.
La causa contra Furfaro también abre un debate sobre la responsabilidad empresarial en un rubro tan sensible como el farmacéutico. La posición de la defensa, que insiste en que el empresario no tenía conocimientos técnicos ni participación directa en los procesos de producción, choca contra la idea de que la figura del titular de un laboratorio conlleva responsabilidades indelegables.
Mientras la Justicia analiza los próximos pasos, las familias de las víctimas esperan respuestas concretas y la confirmación de que habrá responsables identificados y sancionados. El impacto humano detrás de las cifras es enorme: casi un centenar de personas murieron en circunstancias que, según la investigación, pudieron haberse evitado con controles adecuados.
El futuro judicial de Ariel García Furfaro dependerá ahora de la valoración que haga el juez Kreplak sobre la responsabilidad del empresario en la tragedia. La definición, que podría llegar en los próximos diez días, será determinante para el rumbo de la causa y para el mensaje que se envíe sobre la forma en que la Justicia argentina aborda casos de semejante magnitud.
El caso del fentanilo contaminado sigue abierto y mantiene en vilo a la sociedad. En Salta y en todo el país, la atención está puesta en cómo se resolverá una investigación que dejó al descubierto fallas profundas en un sistema que debería garantizar seguridad y confianza a la población.
