El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 dispuso el decomiso de los bienes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y del empresario Lázaro Báez en el marco de la causa Vialidad, una de las investigaciones más emblemáticas por presunta corrupción durante su gestión. La medida alcanza también a los hijos de la expresidenta, Máximo y Florencia, y representa un paso decisivo para la ejecución de la sentencia vinculada a la causa.
Según la resolución judicial, el objetivo del decomiso es “satisfacer la pena de decomiso de los efectos del delito que fuera impuesta en la presente causa”, lo que implica un proceso previo de tasación de los bienes. Actualmente, el valor estimado del patrimonio alcanza los 684.990.350.139,86 pesos.
La decisión marca un momento clave en el proceso judicial, ya que permite avanzar en la recuperación de activos vinculados a los delitos investigados. Los bienes afectados incluyen propiedades, vehículos y otras posesiones registradas a nombre de los imputados, cuyo decomiso será ejecutado conforme a la ley.
El tribunal subrayó que la medida no se limita únicamente a la expresidenta y al empresario, sino que se extiende a sus familiares directos, en particular a sus hijos, quienes también están involucrados en el marco legal del caso. Esto responde a la necesidad de asegurar que los efectos de la sentencia sean aplicados de manera efectiva y completa.
La causa Vialidad comenzó hace varios años y tiene como eje la investigación de contratos de obra pública otorgados durante la presidencia de Fernández de Kirchner, con presuntas irregularidades en el manejo de fondos destinados a la provincia de Santa Cruz. A lo largo del proceso, se investigaron maniobras de desvío de fondos, sobreprecios y la participación de empresas vinculadas a Báez.
La medida de decomiso de bienes constituye un hito dentro del proceso judicial, dado que implica no solo la determinación de culpabilidad, sino también la ejecución material de la condena. Se trata de un procedimiento complejo que requiere tasaciones, verificaciones legales y coordinación con distintas entidades estatales encargadas de la custodia y administración de los activos afectados.
Para los especialistas en derecho penal, la resolución refleja la intención del tribunal de garantizar que las penas económicas impuestas tengan un efecto real, evitando que los bienes puedan ser transferidos, vendidos o protegidos de alguna manera antes de que se ejecute la condena.
A su vez, este paso judicial genera repercusiones políticas y mediáticas a nivel nacional, ya que involucra a figuras de alta relevancia pública y supone un seguimiento constante por parte de distintos sectores sociales y políticos.
El decomiso también abre la puerta a futuras subastas o recuperaciones de activos, que estarán destinadas a reforzar los fondos del Estado según lo dispuesto por la normativa vigente en materia de bienes vinculados a delitos de corrupción. Aunque la cifra exacta es millonaria, la aplicación efectiva del decomiso dependerá de los procesos de tasación y del marco legal que asegure la transparencia en la administración de los bienes.
La resolución del Tribunal Federal N° 2 representa un avance significativo en la causa Vialidad, consolidando la capacidad del sistema judicial para hacer cumplir sentencias complejas y garantizar que los efectos económicos de los delitos sean efectivamente resarcidos. Este paso se suma a otras medidas adoptadas en el marco de la investigación, reforzando la percepción de que la justicia continúa con la ejecución de las penas impuestas.
En síntesis, la decisión de embargar y decomisar los bienes de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y sus familiares directos marca un antes y un después en la causa Vialidad, estableciendo un precedente para la aplicación de sentencias en casos de corrupción de alto impacto y resaltando el rol del tribunal en la supervisión de la efectividad de las condenas.
