La situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner volvió a tensarse luego de que la fiscalía ante la Cámara Federal de Casación Penal rechazara el pedido para retirarle la tobillera electrónica y flexibilizar las condiciones de su arresto domiciliario. La ex presidenta, condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad, continuará bajo monitoreo mientras el tribunal define el planteo de su defensa.
El dictamen fue presentado por el fiscal Mario Villar, quien consideró que las condiciones impuestas por el Tribunal Oral Federal 2 resultan proporcionales a la condena y necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de la pena. En ese marco, recomendó que se mantengan tanto el dispositivo de control electrónico como las limitaciones en el régimen de visitas y en el uso de determinados espacios del domicilio donde cumple la prisión domiciliaria.
La defensa de la ex mandataria, encabezada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, había solicitado ante la Sala IV de la Cámara de Casación el cese del monitoreo electrónico. Argumentaron que la medida carece de fundamentos concretos y que la presencia de custodia permanente en el edificio vuelve imposible cualquier intento de fuga. Según sostuvieron en su presentación, la vigilancia policial las 24 horas constituye una garantía suficiente para asegurar que se cumpla la condena sin necesidad de un dispositivo adicional.
Además, remarcaron que Cristina Kirchner es una figura pública de alta exposición, lo que —según su postura— haría inviable cualquier evasión sin detección inmediata. También destacaron que desde el inicio de la prisión domiciliaria, el 17 de junio de 2025, ha cumplido estrictamente con todas las disposiciones judiciales, sin registrar incumplimientos ni incidentes.
En su planteo, los abogados recordaron que en instancias anteriores uno de los magistrados de Casación había considerado innecesaria la colocación de la tobillera electrónica en función de la custodia oficial y el perfil público de la ex presidenta. Sin embargo, esa postura no prosperó y la mayoría del tribunal avaló la implementación del control electrónico como herramienta complementaria.
El debate no se limita únicamente al uso del dispositivo. Otro eje de conflicto gira en torno al régimen de visitas autorizado en el domicilio. Luego de que el año pasado circulara una fotografía de la ex mandataria junto a un grupo de economistas, el juez de ejecución dispuso un esquema más restrictivo para los encuentros personales.
Actualmente, las visitas están limitadas a dos días por semana, con una duración máxima de dos horas por jornada y un tope de tres personas en simultáneo. Para la defensa, esas condiciones representan un “castigo adicional” que excede lo dispuesto en la condena y vulnera derechos básicos vinculados a la vida social y política de la ex jefa de Estado.
También fue cuestionada la regulación del uso de la terraza del edificio, habilitada solo por un lapso acotado cada día. Los abogados sostienen que no existe normativa que permita a los jueces fijar límites específicos sobre espacios abiertos dentro de una propiedad privada cuando se trata de una prisión domiciliaria, siempre que no se vulnere el perímetro fijado por la Justicia.
Desde la fiscalía, en cambio, entienden que todas las medidas adoptadas apuntan a preservar el cumplimiento de la pena y a evitar situaciones que puedan interpretarse como actividades no compatibles con el régimen de detención. El criterio que prevalece es que la condena por la causa Vialidad, confirmada en instancias superiores, impone un estándar de control acorde a la gravedad institucional del caso.
En los tribunales federales, el expediente vuelve a poner en discusión los alcances de la prisión domiciliaria para dirigentes políticos de alto perfil. La utilización de tobilleras electrónicas en condenas por corrupción se ha convertido en un punto sensible dentro del sistema judicial argentino, sobre todo cuando se trata de figuras con fuerte peso político y capacidad de movilización pública.
Ahora la decisión final quedará en manos de los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, quienes deberán evaluar si corresponde mantener sin cambios las condiciones actuales o introducir alguna modificación. Entre los puntos a analizar figuran el comportamiento de la ex presidenta durante el cumplimiento de la pena, los antecedentes del caso y los argumentos expuestos tanto por la defensa como por la fiscalía.
En este escenario, el tribunal deberá ponderar si las medidas vigentes resultan razonables y proporcionadas o si, por el contrario, pueden considerarse excesivas frente a la ausencia de riesgos concretos de fuga o entorpecimiento del proceso. La resolución no solo impactará en la situación personal de Cristina Kirchner, sino que también marcará un precedente en torno al alcance del monitoreo electrónico y las restricciones asociadas a la prisión domiciliaria en casos de corrupción en Argentina.
Mientras tanto, la ex mandataria continuará bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica y con el esquema de visitas limitado. El expediente vuelve a ocupar el centro de la escena judicial y política, en un contexto donde cada movimiento procesal es seguido de cerca tanto por el ámbito jurídico como por el arco político nacional.
La definición de la Cámara de Casación será clave para determinar si se sostiene el criterio de control estricto que rige hasta ahora o si se abre la puerta a una flexibilización en las condiciones de detención. Hasta que eso ocurra, el revés judicial marca un nuevo capítulo en el cumplimiento de la condena por la causa Vialidad y en el debate sobre las reglas que deben regir la prisión domiciliaria de ex funcionarios condenados por delitos contra la administración pública en Argentina.
