La discusión por la reforma laboral en el Senado estuvo atravesada por una escena de alta tensión en las inmediaciones del Congreso, donde se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas federales. En medio del debate legislativo, grupos reducidos arrojaron bombas molotov y otros objetos contundentes contra efectivos policiales, lo que derivó en una respuesta con camiones hidrantes y un despliegue reforzado de seguridad. El saldo preliminar fue de varios agentes heridos y al menos dos personas detenidas.
El oficialismo avanzaba en el recinto con la intención de conseguir la media sanción del proyecto, mientras en la calle el clima se volvía cada vez más espeso. Las imágenes de corridas, fuego y gases se mezclaron con el pulso político de una sesión clave para el Gobierno nacional, que apuesta a la reforma laboral como uno de los ejes centrales de su programa económico.
Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación remarcaron que las manifestaciones deben desarrollarse de manera pacífica y advirtieron que ante hechos de violencia las fuerzas intervendrán para garantizar el orden público. Según se informó, tres efectivos de Gendarmería Nacional y uno de la Policía Federal resultaron heridos durante los incidentes. También señalaron que los grupos que protagonizaron los disturbios estaban identificados y que se avanzará con las correspondientes actuaciones judiciales.
El operativo incluyó la aplicación del protocolo antipiquetes, con el objetivo de evitar cortes totales en las avenidas cercanas y asegurar la circulación. La zona permaneció vallada y con fuerte presencia de fuerzas federales durante toda la jornada, mientras columnas sindicales y organizaciones sociales se concentraban para expresar su rechazo al proyecto.
Dentro del Senado, el debate se desarrollaba con intensidad. La iniciativa oficial sufrió modificaciones de último momento tras negociaciones con distintos sectores políticos y gobernadores, en una estrategia orientada a sumar los votos necesarios. Hubo ausencias en algunos bloques opositores, lo que también incidió en el escenario parlamentario.
Entre los cambios más relevantes se resolvió dejar sin efecto el artículo que redefinía el cálculo de indemnizaciones por despido sin causa, uno de los puntos más cuestionados. De este modo, la base de cálculo continuará tomando como referencia la remuneración mensual normal y habitual, sin incorporar conceptos como aguinaldo o vacaciones no gozadas.
Otro eje central es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo destinado a cubrir costos de desvinculación y obligaciones indemnizatorias. El esquema prevé aportes mensuales a cargo de los empleadores, con alícuotas diferenciadas: un 1% para grandes empresas y un 1,5% para micro, pequeñas y medianas empresas. Según el oficialismo, el objetivo es otorgar previsibilidad y reducir la litigiosidad.
En cuanto a la actualización de créditos laborales, se acordó que se ajusten por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un adicional del 3% anual. La intención es evitar distorsiones en los montos judicializados y generar reglas más claras tanto para trabajadores como para empleadores.
El proyecto también contempla que la inscripción en el sistema ARCA sea suficiente para acreditar la registración laboral, sin que puedan exigirse requisitos adicionales. Además, impulsa un esquema de registración simplificada que deberá conservarse durante diez años, en línea con la intención oficial de promover el empleo formal y reducir la economía en negro, una problemática que impacta con fuerza en distintas regiones del país.
En el paquete de modificaciones se incluyen precisiones sobre beneficios no remunerativos como reintegros médicos, comedor, guardería, útiles escolares y capacitación. Asimismo, se habilita la implementación del denominado “banco de horas”, que permitirá compensar horas extras con francos, y se introducen cambios en el régimen de vacaciones. Estas podrán tomarse entre el 1° de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de fraccionarlas en períodos no menores a siete días corridos y de acordar fechas fuera de temporada.
Otro punto destacado es el Régimen de Incentivo para la Formación Laboral, orientado a estimular inversiones productivas y tecnológicas con la meta de generar empleo. La iniciativa se enmarca en la estrategia del Gobierno de fomentar la competitividad y reducir costos laborales para dinamizar la actividad económica.
En paralelo, el texto propone una reducción de cargas sociales para promover nuevas contrataciones y plantea acuerdos entre Nación y provincias para aliviar la presión tributaria. También establece la prelación de los convenios de empresa por encima de los acuerdos nacionales, un aspecto que genera fuerte debate en el ámbito sindical.
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a una movilización en rechazo a la reforma laboral, aunque descartó por el momento un paro general al no lograr consenso interno. La central obrera advirtió que, de no ser escuchados sus planteos, podría avanzar con una medida de fuerza de alcance nacional en las próximas semanas.
Dirigentes gremiales sostienen que varios artículos del proyecto benefician a grandes empresas y afectan a las pymes y a los trabajadores, mientras que desde el oficialismo aseguran que la reforma apunta a modernizar el mercado laboral argentino, reducir la litigiosidad y facilitar la creación de empleo formal.
La jornada dejó en evidencia la fuerte polarización que atraviesa el debate por la reforma laboral en Argentina. Mientras en el recinto se contaban votos y se afinaban discursos, en la calle el termómetro social marcaba un nivel de tensión elevado. Con heridos, detenidos y un clima político en ebullición, el tratamiento del proyecto se convirtió en uno de los episodios más calientes del año legislativo.
El resultado final dependerá de la votación en el Senado, pero lo ocurrido dentro y fuera del Congreso anticipa que la discusión por los cambios en las reglas laborales seguirá ocupando el centro de la agenda pública en los próximos días.
