El exintendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando “Kila” Gonza, comenzó a ser juzgado en un proceso oral en el que está acusado de delitos contra la administración pública. Junto a él también enfrentan el debate el exsecretario de Hacienda, Rogelio Higinio Guaymás, y el actual concejal Aldo Dalmiro Gonza. Todos están imputados por presuntas maniobras que habrían generado un perjuicio a las arcas municipales.
La audiencia se abrió con la lectura de la requisitoria fiscal de elevación a juicio, paso formal que marca el inicio del debate. En esta instancia se detallaron los hechos atribuidos a los acusados y el encuadre legal por el que deberán responder ante el tribunal.
De acuerdo con la acusación, durante la gestión de Gonza al frente de la Municipalidad de San Lorenzo se habrían producido irregularidades en el manejo de fondos públicos, en presunta violación de las normas que regulan la administración financiera municipal. Las imputaciones incluyen peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, en el caso del exintendente.
En tanto, el exsecretario de Hacienda está acusado por peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, mientras que el concejal Aldo Dalmiro Gonza enfrenta cargos por peculado en calidad de partícipe necesario.
Tras la lectura de los fundamentos de la elevación a juicio, el tribunal colegiado avanzó con el tratamiento de una serie de planteos preliminares presentados por las defensas. Entre otras resoluciones, se hizo lugar parcialmente a un pedido de revocatoria vinculado a actuaciones anteriores, se declaró abstracto un planteo de nulidad y se difirió el tratamiento de un recurso de casación.
Uno de los puntos que marcó la jornada fue el pedido de inhibición del presidente del tribunal, formulado por la defensa de Guaymás. El planteo se basó en que el magistrado habría intervenido años atrás como juez de instrucción en otra causa en la que también estuvo imputado el exsecretario, aunque por hechos distintos.
Frente a esta situación, el tribunal resolvió disponer un cuarto intermedio hasta el viernes 13 de febrero a las 9.30, con el objetivo de que las partes puedan revisar el expediente mencionado y definir si corresponde o no apartar al juez. Se trata de una cuestión previa que debe resolverse antes de avanzar con la producción de pruebas y declaraciones.
El tribunal está integrado por los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Francisco Mascarello. En representación del Ministerio Público interviene la fiscal Claudia Geria. La querella, en nombre de la Municipalidad de San Lorenzo, participa en el proceso como parte acusadora, mientras que cada uno de los imputados cuenta con defensa técnica particular.
La causa tuvo su origen tras una denuncia presentada por el actual jefe comunal de San Lorenzo, quien al asumir su primer mandato dispuso una auditoría externa sobre la gestión anterior. Según consta en el expediente, el informe final habría detectado inconsistencias administrativas y financieras que motivaron la intervención de la Justicia.
Entre los puntos observados se mencionan supuestas disposiciones discrecionales de recursos municipales sin respetar los procedimientos vigentes, así como la falta de rendición de cuentas al término del mandato. Estas presuntas maniobras, según la acusación, habrían permitido el manejo irregular de fondos públicos y ocasionado un perjuicio económico al municipio.
El delito de peculado, uno de los ejes centrales del juicio, contempla penas para los funcionarios que se apropian o desvían bienes o fondos del Estado cuya administración les fue confiada. En el caso de Gonza, la imputación se agrava por la concurrencia de otros delitos vinculados a la función pública.
El proceso genera expectativa en el ámbito político y social de San Lorenzo, ya que se trata de un exintendente que tuvo un rol central en la conducción del municipio. Además, uno de los imputados continúa desempeñándose como concejal, lo que suma interés público al desarrollo del debate.
Durante las próximas audiencias se espera que comiencen a producirse las pruebas testimoniales y documentales que permitirán al tribunal evaluar si existieron las irregularidades señaladas por la fiscalía y la querella. La etapa que se abre será clave para determinar responsabilidades penales y el eventual impacto institucional de la sentencia.
El juicio oral representa una instancia determinante en una causa que se inició tras una auditoría administrativa y que ahora llega a su etapa definitoria. Con el cuarto intermedio dispuesto, la continuidad del debate quedará sujeta a la resolución del planteo de inhibición. Una vez superada esa instancia, el tribunal podrá avanzar de lleno en el análisis de los hechos que colocan al exintendente y a sus excolaboradores en el centro de la escena judicial.
