El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, anunció un aumento salarial para la Policía provincial luego de varios días de protesta encabezada por efectivos que reclamaban una mejora urgente en sus haberes. En una conferencia de prensa, el mandatario calificó la manifestación como un planteo “justo y genuino” y aseguró que la respuesta oficial apunta a recomponer el poder adquisitivo frente al impacto sostenido de la inflación en la Argentina.
La decisión se formalizará mediante un decreto y establece un nuevo piso salarial para el personal policial en funciones operativas. Según detalló el propio gobernador, ningún efectivo percibirá un ingreso inferior a 1.350.000 pesos, y con la incorporación de adicionales vinculados a la garantía de la canasta básica y la actualización de la Tarjeta Alimentaria Policial, el salario mínimo alcanzará los 1.438.835 pesos.
El anuncio se dio tras jornadas de tensión marcadas por el malestar interno en la fuerza, donde los uniformados venían señalando el deterioro de sus ingresos frente al aumento constante del costo de vida. El reclamo se instaló con fuerza en la agenda pública y abrió un debate sobre la situación salarial de las fuerzas de seguridad en distintas provincias del país.
Pullaro sostuvo que la administración provincial hizo “los esfuerzos que había que hacer” para otorgar una recomposición que supere los índices de inflación. En ese sentido, remarcó que el contexto económico nacional no muestra señales claras de crecimiento y que eso obliga a manejar los recursos con prudencia, aunque priorizando áreas sensibles como la seguridad.
Hasta ahora, el salario policial se ubicaba en una franja que iba desde los 960.000 hasta poco más de 1.000.000 de pesos, cifras que habían quedado desactualizadas frente al avance de los precios. La actualización anunciada implica un salto considerable en el ingreso de bolsillo, sobre todo para los agentes que cumplen tareas operativas en la calle.
El mandatario buscó dejar en claro que la protesta fue escuchada y que no habrá sanciones para quienes participaron del reclamo. Esa definición política apunta a descomprimir el clima interno y a enviar una señal de respaldo institucional hacia la fuerza, en un momento en que la seguridad pública ocupa un lugar central en la agenda ciudadana.
En el Gobierno provincial consideran que la recomposición salarial también cumple un rol estratégico para fortalecer la estructura policial. Argumentan que un salario competitivo no solo mejora las condiciones laborales, sino que contribuye a sostener estándares de profesionalización y compromiso en una tarea de alta exposición y riesgo.
El aumento será aplicado por decreto, lo que agiliza su implementación y evita demoras administrativas. Desde el Ejecutivo señalaron que la prioridad es que el nuevo esquema impacte lo antes posible en los recibos de sueldo, con el objetivo de llevar alivio inmediato a los efectivos y sus familias.
El conflicto policial puso sobre la mesa una problemática que atraviesa a varias jurisdicciones del país: la tensión entre los recursos provinciales y la necesidad de actualizar salarios en un escenario de inflación persistente. En muchas provincias, los trabajadores estatales vienen reclamando paritarias que permitan recuperar poder adquisitivo, y las fuerzas de seguridad no son la excepción.
En este caso, la administración optó por reconocer la legitimidad del reclamo y canalizarlo a través de una medida concreta. La decisión política busca cerrar el frente interno y garantizar la normal prestación del servicio de seguridad, un aspecto clave para la vida cotidiana y la actividad económica.
El anuncio también tiene impacto en el debate público sobre el financiamiento de las provincias y la distribución de fondos en el marco de la economía argentina actual. Con presupuestos ajustados y demandas crecientes, los gobernadores enfrentan el desafío de equilibrar las cuentas sin descuidar áreas sensibles como salud, educación y seguridad.
Para los efectivos policiales, la confirmación del nuevo piso salarial representa un avance significativo respecto de la situación previa. El reconocimiento explícito de la legitimidad del reclamo por parte del gobernador marca, además, un gesto político que busca recomponer la relación entre la conducción política y la fuerza.
El episodio deja como saldo una mejora concreta en los haberes policiales y un mensaje claro desde el Ejecutivo: en un contexto económico complejo, la prioridad será sostener el funcionamiento de las áreas estratégicas del Estado. Con el decreto en marcha, el foco ahora estará puesto en la implementación efectiva del aumento y en la evolución de la situación económica en los próximos meses.
