La Justicia civil dispuso el cese inmediato de la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del jefe de Estado, en el marco de una denuncia por presunta operación de inteligencia ilegal. La medida fue tomada luego de que el Ministerio de Seguridad alertara sobre un supuesto intento de desestabilización institucional a través de la difusión de conversaciones privadas registradas dentro de la Casa Rosada.
La resolución fue firmada por el juez Civil y Comercial Alejandro Patricio Maraniello, quien dictó una medida cautelar que prohíbe la circulación del material a través de medios tradicionales, plataformas digitales, redes sociales y cualquier canal web. La orden judicial también alcanza a contenidos audiovisuales y escritos que refieran directamente a esas grabaciones, las cuales habrían sido tomadas sin autorización dentro de la sede del Poder Ejecutivo Nacional.
Desde el Gobierno nacional se celebró la decisión como un reconocimiento judicial a lo que consideran una violación grave a la privacidad institucional. La denuncia fue encabezada por el Ministerio de Seguridad, actualmente en manos de Patricia Bullrich, y quedó radicada en el Juzgado Federal N°12.
La filtración que encendió la mecha fue una breve grabación en la que se escuchaba a Karina Milei pidiendo “unidad” en el seno del espacio libertario. Aunque el contenido parecía inofensivo a simple vista, desde Casa Rosada interpretaron el hecho como parte de un armado más amplio, cuyo objetivo sería dañar la imagen del oficialismo en la recta final de la campaña electoral.
Horas antes de que se conociera la medida cautelar, voceros del Ejecutivo aseguraban que se trataba de una maniobra planificada. “No fue una simple filtración, fue un ataque ilegal, planificado y dirigido", advirtió el vocero presidencial Manuel Adorni, quien además indicó que se manipularon conversaciones privadas de Milei y otros funcionarios.
El fallo judicial determinó que se prohíba exclusivamente la difusión de los audios grabados dentro de la Casa de Gobierno, anunciados públicamente el 29 de agosto. El juez también habilitó la intervención del ENACOM, con oficio judicial que contempla días y horas inhábiles, para actuar rápidamente ante cualquier incumplimiento de la medida.
La denuncia oficial no solo apuntó contra los responsables de difundir los audios, sino que también puso nombres sobre la mesa. Según el escrito presentado en sede judicial, se identificó como responsables al canal de streaming “Carnaval”, y a figuras como el periodista Mauro Federico, el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial —quien recientemente había declarado públicamente que “había que espiar” al presidente Milei— y el abogado Franco Bindi, señalado como operador judicial con vínculos en los servicios de inteligencia.
Desde la Casa Rosada afirman que estas acciones forman parte de una "campaña sucia" que busca minar la confianza pública en el Gobierno, justo cuando la agenda electoral entra en su tramo más intenso. Las elecciones nacionales están a la vuelta de la esquina y el oficialismo necesita proyectar solidez para mantenerse competitivo en las urnas.
El tema también reavivó el debate sobre los límites entre la libertad de expresión y la protección de la privacidad en el ámbito político. Mientras que el Ejecutivo plantea que se trata de un caso de espionaje institucional, desde otros sectores aseguran que es parte del riesgo que implica la exposición pública de los funcionarios de primera línea.
No es la primera vez que una figura del entorno presidencial queda en el centro de la polémica por cuestiones de privacidad. Días antes, se habían filtrado audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en los que se hablaba de presuntas coimas. Ese caso también fue señalado como parte de una maniobra más amplia para desgastar al oficialismo desde dentro y desde afuera.
En este escenario, la tensión entre medios, redes sociales y política se intensifica. La posibilidad de que cualquier conversación privada pueda terminar en manos de la opinión pública pone en jaque la seguridad interna del Poder Ejecutivo. Por eso, la resolución judicial cobra relevancia no solo por el caso puntual de Karina Milei, sino también como antecedente para futuros episodios similares.
Con una campaña electoral marcada por las denuncias cruzadas, la judicialización de los conflictos y un clima político tenso, el caso de los audios de Karina Milei se inscribe dentro de una lógica de confrontación permanente. El oficialismo apunta a deslegitimar cualquier crítica que no provenga de los canales institucionales tradicionales, mientras que la oposición insiste en que el Gobierno busca blindarse frente al escrutinio público.
En Salta, donde las realidades locales a veces parecen ir por otro carril, la preocupación gira en torno a cómo impactan estos movimientos de la política nacional en la gestión de recursos, la coparticipación y las obras públicas que dependen directamente de decisiones tomadas en Buenos Aires. Cualquier ruido en la Casa Rosada genera incertidumbre en las provincias, especialmente en aquellas que, como Salta, deben negociar permanentemente con Nación para sostener obras clave o planes sociales.
El fallo judicial que pone freno a la difusión de los audios de Karina Milei no clausura la polémica. Más bien, la traslada al terreno de la opinión pública y la disputa simbólica. ¿Se trata de una defensa legítima de la privacidad institucional o de un intento de censura solapada? ¿Es una operación de inteligencia real o parte del barro de la campaña? Las respuestas, por ahora, siguen siendo materia de interpretación.
Lo cierto es que, en medio del calor electoral, cualquier chispa puede generar un incendio. Y en un país donde la política siempre se vive con intensidad, los límites entre lo legal, lo legítimo y lo comunicacional se vuelven cada vez más difusos.
