Un nuevo capítulo se abre en la causa “Vialidad”, con un fuerte revés judicial para Cristina Fernández de Kirchner. El Ministerio Público Fiscal solicitó al Tribunal Oral Federal N°2 que se ejecute de manera inmediata el decomiso de bienes ordenado en la sentencia firme, que alcanza un valor actualizado de $684.990 millones. El pedido apunta a frenar lo que los fiscales consideran “maniobras dilatorias” por parte de la defensa de la ex mandataria.
La causa investiga la adjudicación irregular de obras viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015, durante los gobiernos kirchneristas. La Justicia determinó que existió una estructura de corrupción montada desde el Estado para beneficiar al empresario Lázaro Báez, condenado junto a la ex presidenta, el ex secretario de Obras Públicas José López y otros ex funcionarios.
Cristina Kirchner había impugnado la ejecución, cuestionando tanto el monto como la competencia del tribunal. Pero los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola fueron contundentes: sostuvieron que el decomiso “no es opcional” y que la negativa a devolver los fondos “agravia al tribunal y a la sociedad”.
Según el dictamen, el dinero desviado podría haber sido utilizado en políticas públicas esenciales como salud, educación, vivienda o jubilaciones. En ese sentido, remarcaron que recuperar esos activos es parte del deber del Estado y una forma de reparar, al menos parcialmente, el daño causado.
El tribunal ya había rechazado los pedidos de nulidad presentados por la defensa, aunque concedió un recurso de casación para revisar el cálculo del monto actualizado. Aún así, el Ministerio Público insiste en que nada impide avanzar con la ejecución.
La respuesta judicial busca enviar un mensaje claro: los delitos contra la administración no quedarán impunes. Y que, en una democracia, ningún poder —ni siquiera el que estuvo en la cima— está por encima de la ley.
