La Justicia sospecha que Lázaro Báez intentó transferir parte de su patrimonio a Claudia Noemí Insaurralde, su pareja actual, para eludir el embate del millonario decomiso dictado en la causa Vialidad.
El episodio salió a la luz cuando Insaurralde ingresó al penal de Río Gallegos con documentos que incluirían un poder, según detectaron autoridades penitenciarias. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron al Tribunal Oral Federal 2 que amplíe las medidas cautelares para evitar maniobras legales encubiertas.
Este movimiento patrimonial pone en evidencia las tácticas legales que denuncian fiscales y especialistas para demorar o frustrar decomisos.
En Salta, estos procedimientos oficiales refuerzan la necesidad de mecanismos eficaces y preventivos que protejan los bienes del Estado, ante maniobras que involucran transferencias a terceras personas, testamentos confusos o fideicomisos opacos. Además, la Cámara Federal ya vinculó a Báez con Cristina Fernández en maniobras que incluyeron compras de tierras por unos 186 millones de dólares, precursora del entramado económico que hoy está siendo investigado.
Qué descubrieron y qué pide la Fiscalía
- Poder sospechoso: Insaurralde presentó un escrito en prisión que facultaría la administración de algunos bienes de Báez, aunque su defensa afirma que era un trámite para sumar abogados.
- Solicitud fiscal: Luciani y Mola solicitaron investigar el patrimonio registrado a nombre de Insaurralde desde 2016 hasta hoy, y que se extiendan las restricciones patrimoniales a todos los condenados por la causa Vialidad, similar a las que ya pesan sobre Báez.
- Monto del decomiso: El Estado exige el decomiso de 684.990 millones de pesos, cerca de 500 millones de dólares, cifra histórica que incluye a Cristina Fernández de Kirchner y otros condenados.
En junio, el Tribunal Oral Federal 4 confirmó una condena unificada de 15 años de prisión para Báez, por las causas Vialidad y Ruta del Dinero K, tras rechazar pedidos de reducción.
La Corte Suprema ratificó su condena a 10 años por lavado, validando el decomiso pedido en 2023 por más de 65 millones de dólares en activos.
En el penal de Río Gallegos, el operativo se reforzó tras el hallazgo del documento entregado por Insaurralde, generando alerta entre los fiscales.
