El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, no podrá salir del país por orden del juez federal Sebastián Casanello. La medida se enmarca en una causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la compra de medicamentos destinados a personas con discapacidad, un área sensible y prioritaria para el Estado nacional.
Spagnuolo fue localizado en una vivienda en Pilar, donde se le incautaron dos teléfonos celulares, una suma de dinero no especificada y una máquina para contar billetes. Aunque no hubo detenciones, la Justicia avanza en silencio sobre un entramado que podría implicar a otros exfuncionarios y empresarios vinculados al sector farmacéutico.
Junto a Spagnuolo, también quedaron bajo prohibición de salida del país miembros de la familia Kovalipker y responsables de la droguería Suizo-Argentina, señalados como partícipes de las supuestas maniobras. El objetivo principal es evitar fugas o destrucción de pruebas clave para la causa.
Las sospechas apuntan a un esquema de recaudación de coimas vinculado a contrataciones públicas y distribución de medicamentos. Audios, mensajes y documentación secuestrada en los procedimientos estarían siendo analizados para reconstruir el recorrido del dinero y el rol de cada implicado.
El caso, que todavía se encuentra bajo secreto de sumario, se perfila como una de las investigaciones más delicadas de los últimos meses. Las pruebas recabadas hasta ahora comprometerían a quienes, durante su gestión, habrían desviado recursos que debían llegar a uno de los sectores más vulnerables de la población.
En Salta, donde la Agencia Nacional de Discapacidad articula programas con distintos municipios y organismos provinciales, la noticia generó preocupación. Si se confirma la existencia de irregularidades a nivel central, podrían verse afectados fondos que impactan directamente en la asistencia local.
La causa sigue avanzando con medidas cautelares y análisis de los elementos incautados. No se descarta que en los próximos días se ordenen nuevas diligencias para profundizar la investigación sobre una presunta red de corrupción estructurada desde el Estado.
Mientras tanto, el exfuncionario permanece en libertad pero bajo control judicial, con un panorama que se complica a medida que la causa avanza. La Justicia busca esclarecer si existió un mecanismo sistemático de desvío de fondos y cuál fue el alcance del daño causado.
Este nuevo escándalo vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de reforzar los controles en organismos públicos, especialmente aquellos destinados a garantizar derechos básicos. En este caso, el acceso a la salud y la inclusión de personas con discapacidad quedaron, una vez más, en riesgo por la ambición de unos pocos.
