En medio de la creciente polémica por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el senador nacional y presidente de la UCR, Martín Lousteau, salió con dureza a criticar al Gobierno nacional. Su foco principal fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por el pedido de allanamiento contra periodistas que revelaron los audios vinculados al escándalo.
El caso despertó alarma en distintos sectores del arco político y social. Pero fue Lousteau quien, sin rodeos, calificó el accionar de Bullrich como un “acto de autoritarismo sin precedentes” y advirtió que el oficialismo está cruzando límites peligrosos en su intento por silenciar voces críticas. “Este intento de censura envía un mensaje claro: autocensura por miedo a represalias”, expresó a través de sus redes sociales.
Según denunció el senador, el pedido judicial para allanar los domicilios del periodista Jorge Rial, su colega Mauro Federico y algunos directivos de medios de comunicación, constituye un ataque directo contra la libertad de prensa y una violación flagrante del secreto profesional que protege a las fuentes periodísticas. “En lugar de esclarecer los hechos, están usando el poder del Estado para amedrentar”, disparó.
El trasfondo de la polémica tiene que ver con una serie de audios que involucran a Diego Spagnuolo, funcionario de la ANDIS, y a Karina Milei, hermana del presidente, en conversaciones que habrían revelado maniobras irregulares dentro del organismo encargado de asistir a personas con discapacidad. La divulgación de ese material puso al oficialismo en una posición incómoda, y la respuesta del Ministerio de Seguridad generó aún más controversia.
Para Lousteau, el Gobierno debería estar ocupado en dar explicaciones sobre las denuncias, en lugar de perseguir a quienes las hacen públicas. “Estamos viendo una escalada de acciones que ponen en jaque al sistema republicano”, sostuvo. El senador hizo un repaso crítico de lo que considera una conducta reiterada por parte del Ejecutivo: la firma de decretos de necesidad y urgencia con escasa justificación, los embates contra el Congreso, y ahora, la avanzada contra periodistas.
La preocupación gira en torno a la posibilidad de que este tipo de medidas sienten un precedente negativo que se extienda a todo el país.
En ese sentido, Lousteau también recordó una contradicción en la conducta de Bullrich. “En 2014, cuando era diputada opositora, condenó con firmeza un caso similar. Lo llamó censura. Hoy, desde el poder, actúa de forma exactamente opuesta”, señaló. Para el líder radical, se trata de una doble vara que demuestra que el oficialismo no está comprometido con la libertad de expresión, sino con la protección de sus propios intereses.
El episodio también reaviva un viejo debate en la política argentina: hasta qué punto el poder puede o debe intervenir en la actividad periodística cuando están en juego secretos o filtraciones. La Corte Suprema ha sido clara en más de una oportunidad: la información solo puede ser restringida en casos excepcionales, como cuando se vulnera la intimidad de menores. En todos los demás, prima la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada.
Lo ocurrido esta semana no solo pone en discusión los límites legales, sino también el modelo de país que el Gobierno de Javier Milei pretende consolidar. Desde que asumió en diciembre, el presidente no ha ocultado su malestar con los medios, especialmente con aquellos que no siguen su línea. En varias oportunidades los ha tildado de “mentirosos”, “mafiosos” o “operadores”. Sin embargo, este nuevo capítulo marca un escalón más en esa confrontación.
Para Lousteau, el mensaje que está enviando el Ejecutivo es claro: quien se atreva a revelar hechos incómodos para el poder, puede ser perseguido. “No es solo un problema de los medios, es un problema de la democracia”, advirtió. En un momento donde las instituciones están bajo tensión constante, estas señales cobran una gravedad especial.
El senador también apuntó al silencio oficial ante las denuncias de corrupción. A su entender, el escándalo en la ANDIS debería ser motivo de una investigación profunda y transparente, especialmente por tratarse de un organismo que maneja recursos destinados a sectores vulnerables, como las personas con discapacidad. “¿Cómo puede ser que, frente a un hecho tan grave, el Gobierno elija atacar a los periodistas en lugar de esclarecer los hechos?”, se preguntó.
Mientras tanto, el debate sigue creciendo. Los gremios de prensa expresaron su rechazo al pedido de allanamiento y reclamaron respeto a los derechos constitucionales. Por su parte, organizaciones de derechos humanos y referentes del ámbito judicial manifestaron su inquietud por lo que consideran un retroceso institucional.
El futuro inmediato traerá definiciones clave: ¿la Justicia convalidará este accionar o pondrá un freno a las intenciones del Ejecutivo? ¿Habrá un gesto político desde Casa Rosada para descomprimir la tensión o se profundizará el conflicto?
Por lo pronto, Lousteau ya marcó su postura, y no parece dispuesto a retroceder. En un escenario nacional atravesado por la incertidumbre, su intervención suma una voz disidente desde el propio radicalismo, que sigue buscando su lugar en el nuevo mapa político argentino.
