En una decisión que no pasó desapercibida, el Gobierno nacional confirmó la baja de más de 110 mil pensiones no contributivas por invalidez laboral, al detectar graves irregularidades en su otorgamiento. La medida fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia en Casa Rosada, y representa un fuerte golpe contra lo que describen como una "red de fraude a gran escala".
Adorni explicó que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), liderada por Diego Spagnuolo, llevó a cabo una auditoría en profundidad que reveló datos alarmantes: más del 60% de los beneficiarios no se presentó a validar los requisitos necesarios para conservar la pensión. Esto encendió las alarmas y aceleró el proceso de revisión.
Las autoridades encontraron pruebas contundentes de manipulación de documentación médica, como radiografías y estudios duplicados. En algunos casos, los mismos exámenes fueron presentados varias veces, incluso en distintas provincias. En Tucumán, por ejemplo, se hallaron expedientes repetidos con los mismos electrocardiogramas, análisis clínicos y certificados médicos.
Además, se descubrieron casos en los que las pensiones se mantenían activas a nombre de personas fallecidas. De hecho, según cifras oficiales, 8.107 pensiones fueron eliminadas por este motivo, y otras 10.038 fueron dadas de baja por renuncias voluntarias de los propios titulares.
Durante la auditoría, ANDIS estimó que el sistema presentaba un desvío de fondos cercano a los 1.000 millones de dólares anuales. “Lo que se encontró es una actividad fraudulenta a gran escala”, aseguró Adorni, al referirse a las pensiones mal otorgadas durante gestiones anteriores.
Según el Gobierno, este recorte no tiene como objetivo afectar a quienes realmente necesitan la asistencia, sino garantizar que los recursos lleguen a quienes los merecen y cumplen con los requisitos legales. La consigna oficial es clara: terminar con el "clientelismo político" y el "uso irregular de la ayuda estatal".
El vocero presidencial también compartió datos históricos para dimensionar la magnitud del problema. Durante los tres gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015, la cantidad de Pensiones no Contributivas por Invalidez Laboral pasó de 79.000 a más de 1 millón (1.045.000).
Aunque durante el gobierno de Mauricio Macri hubo una leve disminución (a 1.026.000), la cifra volvió a incrementarse de forma abrupta bajo la gestión de Alberto Fernández, alcanzando 1.222.000 pensiones activas en diciembre de 2023.
Adorni fue contundente: “Ese número no se corresponde con la realidad de un país que no ha atravesado guerras ni catástrofes naturales”.
Desde el Gobierno aseguran que las personas con discapacidad que sí cumplen con los requisitos no serán afectadas. De hecho, el vocero aclaró que el proceso de revisión no es un recorte masivo, sino un mecanismo de control para que las pensiones lleguen a quienes verdaderamente lo necesitan.
Sin embargo, organismos de derechos humanos y asociaciones civiles dedicadas a la inclusión advirtieron que este tipo de medidas pueden dejar a personas vulnerables sin apoyo si no se manejan con extrema cautela.
La noticia generó una ola de repercusiones en redes sociales, donde muchos usuarios celebraron la limpieza del sistema, mientras otros expresaron temor por la posibilidad de que personas con discapacidad real sean perjudicadas por errores administrativos o procesos burocráticos deficientes.
Más allá del impacto inmediato, esta medida abre un debate profundo sobre el rol del Estado, la responsabilidad en la gestión de ayudas sociales y la necesidad de controlar el gasto público sin perder de vista el enfoque humano.
