En una jugada clave para avanzar con su plan de reforma del Estado, el gobierno de Javier Milei lanzó una nueva plataforma digital destinada a facilitar y acelerar los procesos de privatización de empresas públicas. La herramienta ya está en funcionamiento y forma parte del sistema CONTRAT.AR, utilizado por la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC).
Este nuevo sistema fue oficializado a través del Boletín Oficial y representa un paso fundamental en la estrategia de desregulación y achicamiento del Estado promovida por el presidente. La digitalización apunta a que cada paso, desde la inscripción hasta la venta de activos, se realice de forma transparente, competitiva y completamente online.
La plataforma está diseñada para permitir la venta de acciones, activos, cuotas de capital, así como la transferencia de establecimientos productivos y el otorgamiento de concesiones, licencias y permisos. Todo esto podrá hacerse sin papeleo físico, en un entorno digital supervisado por el Estado.
Los procesos de licitación se ajustarán a las mismas reglas que rigen actualmente en CONTRAT.AR, lo que garantiza un marco normativo ya conocido por empresas y oferentes. Además, los interesados deberán cumplir con ciertos requisitos:
- Validar identidad digital
- Acreditar capacidad legal para contratar con el Estado
- Presentar documentación estandarizada, como actas y declaraciones juradas
Aquellas empresas ya registradas como concesionarios bajo la Ley 17.520 podrán sumarse directamente, mientras que los nuevos interesados tendrán que realizar una inscripción inicial.
Con el respaldo de la recientemente aprobada Ley de Bases, el Gobierno ya tiene en la mira una lista concreta de empresas públicas que se podrán privatizar total o parcialmente.
Privatización total:
- AYSA (Agua y Saneamientos Argentinos)
- Enarsa (Energía Argentina)
- Intercargo
- Corredores Viales
- Belgrano Cargas
- SOFSE (Trenes Argentinos)
Privatización parcial:
- Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT)
- Nucleoeléctrica Argentina (NASA)
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas, encabezada por Diego Chaher, ya publicó los avances administrativos para transferir estas firmas al sector privado. El objetivo es que durante este semestre se completen los trámites necesarios para iniciar el proceso de licitación o venta.
Con esta iniciativa, el gobierno busca avanzar no solo en su plan de reducción del gasto público, sino también en la transformación del rol del Estado. La digitalización de estos procesos se presenta como una herramienta clave para atraer inversiones, evitar burocracias y brindar mayor acceso e igualdad de condiciones para los interesados en participar.
Desde Casa Rosada remarcan que este nuevo modelo no solo acelera los tiempos, sino que también garantiza control y transparencia, dos aspectos muy cuestionados en procesos similares del pasado.
¿Qué significa esto para los argentinos?
Este avance podría impactar en múltiples frentes:
- Modernización del Estado: Se acorta el tiempo de ejecución de decisiones clave.
- Mayor participación del sector privado: Se abren oportunidades de inversión y empleo.
- Menor carga estatal: El objetivo final es disminuir el déficit fiscal.
- Preocupación por servicios esenciales: Algunos sectores alertan sobre posibles consecuencias en servicios como agua o transporte.
El debate sobre la privatización de servicios públicos sigue generando posiciones encontradas. Mientras el oficialismo lo defiende como un paso necesario hacia la eficiencia y el equilibrio económico, distintos gremios y organizaciones sociales temen por pérdida de empleo, tarifas más altas y pérdida de control estatal sobre sectores estratégicos.
En el contexto de una economía que busca estabilizarse, el Gobierno apuesta por combinar ajuste fiscal con transformación tecnológica. La plataforma digital de privatizaciones es, según indican fuentes oficiales, solo el comienzo de una serie de herramientas que modernizarán la gestión estatal.
La gran incógnita es cómo responderá el mercado y qué impacto real tendrá este cambio en la vida cotidiana de los argentinos. ¿Será esta plataforma un modelo de eficiencia y transparencia, o abrirá nuevas discusiones sobre el rol del Estado en áreas estratégicas?
