La actitud de la docente de química del Colegio Nuestra Señora de Fátima en Tucumán, reflejada en el audio viralizado, constituye un claro ejemplo de conducta inapropiada y contraria a los principios éticos y legales que deben regir la labor educativa.
Al utilizar el aula como plataforma para expresar opiniones políticas personales, insultos y acusaciones graves sin fundamento contra el presidente Javier Milei, como la afirmación de que está “financiado por el narcotráfico”, la profesora no solo incurrió en un acto de adoctrinamiento, sino que también vulneró el derecho de los estudiantes a recibir una educación objetiva y libre de sesgos ideológicos.
El rol de un docente implica fomentar el pensamiento crítico, la pluralidad de ideas y el respeto por las instituciones democráticas, no imponer visiones partidarias ni descalificar figuras públicas con afirmaciones que carecen de evidencia. Estas conductas, realizadas en presencia de estudiantes, representan un abuso de autoridad y un desvío del propósito educativo, que debe centrarse en la enseñanza de contenidos académicos, en este caso, de química, y no en la difusión de opiniones personales cargadas de animosidad.
Profesora bajo investigación por adoctrinamiento y agresivas acusaciones al presidente @JMilei
— Diario Agenda Salta (@AgendaSalta) July 8, 2025
Un docente tiene fomentar el pensamiento crítico y no imponer visiones partidarias ni descalificar figuras públicas con afirmaciones sin evidencia https://t.co/SZll8h6KQn pic.twitter.com/1cyTRAACdA
Además, la docente mostró una falta de profesionalismo al no prever las consecuencias de sus palabras en un contexto educativo, donde los alumnos, lejos de ser un público para sus diatribas, son sujetos en formación que merecen un ambiente de aprendizaje neutral y respetuoso. La grabación subrepticia por parte de un estudiante evidencia, además, una ruptura de la confianza en el vínculo docente-alumno, lo que sugiere que su conducta generó malestar y desconfianza en el aula.
La normativa educativa argentina es clara en cuanto a la prohibición del adoctrinamiento y el proselitismo en las aulas, exigiendo a los docentes actuar con responsabilidad y garantizar la diversidad de pensamiento. Las acusaciones vertidas por la profesora no solo son potencialmente difamatorias, sino que también contravienen estas disposiciones legales, exponiéndola a sanciones administrativas y judiciales que, de comprobarse los hechos, resultarían plenamente justificadas.
En conclusión, la conducta de esta docente no solo una falta ética grave, sino también un atentado contra los valores de una educación plural y democrática. Su accionar no representa un modelo educativo responsable y merece ser investigado y sancionado con rigor para garantizar que las aulas sigan siendo espacios de aprendizaje, no de propaganda política.
