La Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados volvió a tener actividad, pero no por decisión de su presidenta, la salteña María Emilia Orozco. Legisladores de la oposición se autoconvocaron este martes para denunciar un intento de censura contra los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, en medio de una ofensiva judicial que busca allanar medios y criminalizar investigaciones sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la Secretaría General de la Presidencia.
La reunión informal, realizada en el Anexo C del Congreso, dejó en evidencia un clima político cargado. Rial fue contundente: dijo haber recibido amenazas tras difundir audios y documentos que exponen maniobras para recortar subsidios a personas con discapacidad. “Pensaron que nos iban a meter presos. Pero tenemos más pruebas y las vamos a mostrar”, lanzó el periodista, denunciando también vigilancia intimidatoria en su domicilio.
Mauro Federico, visiblemente afectado, respaldó los dichos de su colega y remarcó que no hay vínculos con inteligencia ni intereses ocultos. “Nosotros laburamos hace 40 años de esto. No vendemos silencio. Esto es periodismo, no operaciones”, sostuvo.
Del encuentro participaron diputados como Christian Castillo, Carolina Gaillard y Mónica Frade, quienes advirtieron sobre el “uso del Poder Judicial para amedrentar periodistas” y remarcaron que la Comisión está paralizada desde hace casi un año por decisión de Orozco, lo que consideran una forma de censura institucional.
En Salta, la polémica también generó reacciones. Organizaciones de derechos humanos y sectores del periodismo local expresaron preocupación por el clima general de hostigamiento hacia la prensa y apuntaron a la diputada Orozco por su rol en el silenciamiento del debate.
El conflicto escaló luego de que Rial y Federico denunciaran prácticas de corrupción dentro del ANDIS, incluyendo presuntos incentivos económicos para empleados que reducían ayudas a personas con discapacidad. “Al que más bajaba, más le pagaban”, detalló Rial.
La causa judicial abierta contra los periodistas y el canal Carnaval.Stream fue interpretada por la oposición como una maniobra para frenar la investigación. El escándalo no solo reactiva la discusión sobre la libertad de prensa en Argentina, sino que pone en cuestión la transparencia institucional y el rol del Congreso frente al avance del Ejecutivo.
Para los periodistas, el mensaje es claro: no piensan callarse. Y para una parte del arco político, lo que está en juego va mucho más allá de una disputa puntual: se trata de defender la democracia frente a lo que consideran un preocupante intento de disciplinamiento mediático.
