Jorge Rial y Mauro Federico se presentaron en la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, donde acusaron al Gobierno nacional de perseguirlos por revelar audios que destaparon un presunto esquema de corrupción en el área de Discapacidad. Según afirmaron, la filtración no solo provocó represalias oficiales, sino que también expuso el desmantelamiento de un sistema que protegía a los sectores más vulnerables.
La polémica estalló tras la publicación de grabaciones en las que se escucha a funcionarios del Ejecutivo hablar de supuestos retornos y manejos irregulares en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Desde entonces, ambos periodistas fueron blanco de denuncias judiciales, acusaciones de vínculos con inteligencia extranjera y un pedido de allanamiento que generó fuerte rechazo en sectores políticos y sociales.
“Estamos denunciando una persecución del aparato estatal. Lo que hicimos fue informar sobre hechos de corrupción que el Gobierno quiere tapar”, sostuvo Rial ante los legisladores. Su colega, Mauro Federico, fue más allá y aseguró que desde Casa Rosada intentaron por todos los medios frenar la investigación periodística. “Nosotros no vendemos silencio. Laburamos con datos, con testimonios, con fuentes reales. Nuestro trabajo incomoda porque muestra lo que está pasando”, afirmó.
La defensa pública de ambos periodistas se da en un contexto delicado, donde el rol de la prensa vuelve a estar bajo la lupa. En particular, la causa de las coimas en Discapacidad generó una fuerte reacción en todo el país, y especialmente en provincias como Salta, donde las dificultades para acceder a prestaciones básicas son moneda corriente.
Federico también desmintió las versiones que lo vinculan con espías rusos o venezolanos, y explicó que las fuentes que aportaron el material provienen de dentro del propio organismo estatal. “Son laburantes, muchos echados, otros que siguen adentro, pero que no soportan más ver lo que están haciendo con los discapacitados”, expresó.
Los audios que salieron a la luz comprometen al exdirector de Andis, Diego Spagnuolo, y muestran presuntas prácticas ilegales que afectarían directamente a miles de personas con discapacidad en todo el país. En Salta, organizaciones sociales vienen alertando desde hace tiempo sobre recortes, atrasos en pagos y suspensión de servicios esenciales.
Rial y Federico coincidieron en que el objetivo del Gobierno es silenciar la denuncia. “Que me allanen, no me importa. Hago bien mi laburo, por eso molesto”, dijo Federico en un tono desafiante.
La audiencia en el Congreso fue seguida con atención por distintos sectores, y dejó planteado un interrogante clave: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno para callar a quienes investigan? Mientras tanto, miles de familias siguen esperando respuestas concretas y la continuidad de un sistema de asistencia que hoy parece cada vez más frágil.
