El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó formalmente abrir una investigación judicial por la denuncia del Gobierno nacional sobre un posible caso de espionaje ilegal, luego de la difusión de audios que involucran a Karina Milei, hermana del Presidente y secretaria general de la Presidencia.
Según el dictamen, se habría incurrido en la captación y difusión dolosa de comunicaciones privadas de funcionarios nacionales. Los hechos —sostiene la presentación— podrían haber ocurrido dentro de ámbitos controlados por el propio Gobierno, lo que habilita la intervención de la Justicia Federal.
Stornelli también pidió allanar domicilios de periodistas y empresarios vinculados al medio que difundió el material, aunque aclaró que no se podrá avanzar sobre las fuentes periodísticas sin su consentimiento, respetando la protección constitucional.
La denuncia sostiene que se trató de una maniobra articulada para desestabilizar al Gobierno, con la participación de actores políticos opositores y presuntos vínculos con servicios de inteligencia extranjeros, como los de Rusia y Venezuela. El Ejecutivo advierte que se trata de una operación de desinformación que buscó instalar un escándalo público a partir de audios manipulados.
El fiscal infiere que los audios fueron editados de manera clandestina y difundidos con intencionalidad política, mediante redes sociales y medios elegidos deliberadamente para amplificar el contenido. Además, se sospecha que algunos de los periodistas habrían intentado extorsionar a funcionarios con este material.
Desde la oposición niegan cualquier implicancia y acusan al Gobierno de intentar desviar la atención de los problemas económicos y sociales. En tanto, organizaciones periodísticas y referentes del sector alertan sobre los riesgos que pueden derivarse de allanar domicilios de comunicadores, incluso en el marco de una causa judicial.
En Salta, como en otras provincias, el tema generó debate entre dirigentes locales. Algunos ven con preocupación el avance de este tipo de prácticas, mientras que otros consideran que el trasfondo político de la denuncia le quita seriedad a la acusación. No obstante, el caso sigue su curso y no se descartan derivaciones a nivel federal.
Con el antecedente de causas resonantes en su historial, Stornelli vuelve a quedar en el centro de la escena, impulsando una investigación que mezcla espionaje, política, medios y servicios de inteligencia. La Justicia ahora deberá determinar si existió un delito real o si se trata de un nuevo capítulo en la creciente tensión entre el Gobierno y ciertos sectores del periodismo.
