El brutal asesinato de una niña de apenas tres años ocurrirá nuevamente en los tribunales, esta vez ante un jurado popular. En la ciudad santafesina de Reconquista, doce ciudadanos serán los encargados de determinar si Bruno Luis Martínez, de 23 años, es culpable de haber asesinado a golpes a su hijastra, Xiomara Ailén Vallejos, un crimen que generó profunda conmoción en toda la provincia.
Será además el primer juicio por jurados en la historia judicial de Reconquista, un hecho que marca un precedente para el sistema penal santafesino. El proceso tendrá como acusados a Martínez, quien podría recibir la pena de prisión perpetua, única sanción prevista para el delito que se le imputa.
Un caso que conmovió a toda una comunidad
El crimen de Xiomara Ailén ocurrió en un contexto de extrema violencia doméstica. Según la investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), la niña fue víctima de una golpiza fatal propinada por su padrastro, luego de que la menor se ensuciara la ropa. La madre de la víctima, María Adelina Vallejos, fue quien denunció el hecho y hoy impulsa la acusación junto con sus abogados querellantes.
Desde el inicio, el caso despertó indignación social en Reconquista. Marchas, homenajes y reclamos de justicia se multiplicaron en distintos puntos de la ciudad. Esa misma exposición pública fue uno de los argumentos utilizados por la defensa para intentar modificar el lugar del juicio.
El pedido de la defensa
La abogada defensora, María Noel Severo, presentó un pedido formal para trasladar el debate a otra jurisdicción. Sostuvo que la repercusión del caso fue tan grande que “no sería posible conformar un jurado verdaderamente imparcial” en Reconquista.
El planteo se basó en el artículo 4 de la Ley provincial 14.253, que regula los juicios por jurados en Santa Fe. La norma establece que, si un hecho genera tal nivel de conmoción en una comunidad que impide integrar un jurado imparcial, el juez puede disponer que el juicio se realice en otro distrito judicial, siempre a pedido de la defensa y mediante resolución fundada.
Como alternativa, Severo propuso que los doce ciudadanos titulares y los dos suplentes que integren el jurado sean seleccionados de otra circunscripción, para evitar lo que denominó un “juicio contaminado” por la carga emocional del caso.
La respuesta de la fiscalía y la querella
El pedido fue rechazado tanto por la Fiscal Georgina Díaz como por los abogados querellantes que representan a la madre de la víctima, Ricardo y Nairim Degoumois, junto a Daniel Baralle. Todos coincidieron en que la conmoción social no alcanza, por sí sola, para invalidar el juicio en Reconquista.
“La defensa confunde lo que es la conmoción social con la imposibilidad de un juzgamiento justo. Todo hecho grave genera impacto, pero eso no implica que el jurado no pueda actuar con objetividad”, señaló Díaz durante la audiencia preliminar.
La fiscal solicitó además que Martínez sea condenado por “homicidio triplemente agravado por alevosía, ensañamiento y violencia de género”, en los términos del artículo 80 del Código Penal, una de las figuras más severas del código argentino.
